Los argumentos de los abogados defensores de Sandra Paola Hurtado y 4 de sus funcionarios y su solicitud de anular todo el proceso no fueron aceptados por la Procuraduría, tras la audiencia de este jueces 5 de octubre, que duró cerca de 10 horas.
La exgobernadora, así como el actual director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ-, Jhon James Fernández López, el abogado Julio Ernesto Ospina, y los señores Heidelmann Grajales Puentes y Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, exgerentes de las Empresas Públicas del Quindío -EPQ- y la Promotora de Vivienda del Quindío -Proviquindío-, respectivamente, fueron citados para que respondiera por presuntas irregularidades en la contratación pública en el período 2012-2015. Ninguno de los encartados acudió a la audiencia, aunque si lo hicieron sus abogados.
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Según los cargos, Hurtado Palacio y sus funcionarios trasgredieron presuntamente el principio de transparencia y el deber de seleccionar objetivamente la contratación estatal, al suscribir 6 convenios interadministrativos con -EPQ-, antes Esaquín, Proviquindío y la CRQ, donde hubo una contratación con privados por cerca de 250 mil millones de pesos.
De acuerdo con los abogados, la Procuraduría adelantó el proceso a espaldas de los señalados, pues no fueron avisados desde el principio sobre la investigación. Además que se disfrazó el acervo probatorio, se violó el derecho a la defensa, el debido proceso y se negó a ver ilegalidades registradas desde el inicio del proceso hace dos años.
Con estos argumentos le solicitaron a la Procuraduría revocar e invalidar todo lo actuado y reivindicar el buen nombre de la Procuraduría y su misión de salvaguardar los derechos humanos.
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Pero ninguna de las teorías de la defensa tuvo eco y la representante del Ministerio Publico explicó que no era necesario haberles avisado desde un principio, pues en el comienzo de la investigación no había un implicado directo, lo que solo surgió con el tiempo.
Por solicitud de los representantes legales de los implicados, la procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal, Gloria Janeth Quintero Montoya accedió a suspender la audiencia pública y fijó la fecha del 23 de octubre a las 9 de la mañana en la sede central de la Procuraduría en Bogotá.
Con información: elquindiano.com
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