La Misión de Observación Electoral -MOE- reveló los datos obtenidos sobre los dineros ingresados a las campañas electorales de gobernación y alcaldías en el Quindío por concepto de donaciones y la manera como los donantes se beneficiaron de jugosos contratos de los actuales mandatarios.
Según el informe, en el Quindío siete personas donaron 34 millones de pesos y recibieron contratos por 613 millones de pesos, multiplicando por 18 veces lo donado.
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Es así como el informe recalca que en los municipios de Armenia, Filandia, Montenegro y Pijao, se detectaron cinco financiadores de las campañas que donaron $30 millones y se beneficiaron con contratos por $ 237 millones, un monto 8 veces superior a lo que aportaron.
Entre tanto en la campaña a la gobernación dos personas realizaron aportes por $4 millones, y una vez electo Carlos Eduardo Osorio, recibieron siete contratos públicos por un monto de 375 millones de pesos.
Los documentos, que fueron entregados a la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, fueron además expuestos en Armenia por el politólogo Gabriel Felipe Angarita Serrano, subcoordinador del componente de administración pública y corrupción de la MOE.
Los resultados de la investigación denominada ‘Democracias Empeñadas’ muestran quiénes fueron las personas que financiaron en 2015 a los actuales alcaldes o gobernadores en el país y cómo a partir del 1 de enero de 2016 hasta el 28 de abril del 2018, fecha en que se hizo corte, han recibido al menos un contrato público.
Contratación a la medida
Afirma el informe que el 100% de los contratos en el Quindío se hacen usando modalidades que favorecen a un solo proponente, o trajes hecho a la medida, contratos tipo sastre.
Además indica que el 91% del monto de los contratos adjudicados en el Quindío se hizo en los primeros años de gobierno para cumplir el compromiso adquirido en campaña.
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Igualmente, el 92% de los contratos en el departamento son en la modalidad de prestación de servicios, que aplican para casi todo y permiten saltarse la selección objetiva.
“La MOE no dice que estas actuaciones sean un delito, porque eso le corresponde definirlo a los entes de control. Nuestra misión no es señalar, si no brindar herramientas para que el control político se puede ejercer por parte de la ciudadanía”, señaló Angarita Serrano.
Sin embargo, de acuerdo con las observaciones encontradas, los mandatarios podrían haber incurrido en delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin los cumplimientos legales, inhabilidades e incompatibilidades, peculado, concusión y prevaricato.
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