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Uribismo propone que congresistas solo puedan ser capturados si el Senado lo aprueba

Un inmenso mico fue hallado en la reforma a la justicia propuesta por el Centro Democrático, en cabeza de la senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe, quienes además de buscar acabar con la Corte Suprema y la Corte Constitucional, ahora también pretenden que no se pueda capturar a ningún congresista, a menos que el Senado lo apruebe.

El ‘orangután’, como lo llaman ya muchos juristas, busca brindar una ‘coraza’ judicial especial a los senadores y representantes a la Cámara, que eventualmente puedan ser procesados por la Corte Suprema de Justicia.

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ARTÍCULO  10. – El artículo 186 de la Constitución quedará así: ARTICULO 186. Ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a que pertenezca, durante el período constitucional. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación. 

Ningún miembro del Tribunal Supremo Constitucional podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Comisiones Primeras Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes.  

 

La Supercorte:

La propuesta radicada la noche de este martes 25 de septiembre, además pretende la eliminación de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para transformarlos en tribunales de una sola supercorte.

Para los uribistas la intención es fortalecer la primera instancia de la justicia para que la segunda instancia sea ejercida por este supertribunal, para los detractores, lo que se busca realmente es quitarle poder a las diferentes ramas del Estado, en una pretención dictatorial parecida a la de Venezuela,en la que todo el poder quede principalmente en manos del Congreso de mayoría uribista, y la presidencia.

Cabe recordar que la corte constitucional fue la institución que evitó la reelección indefinida para presidentes, cuando Uribe pretendía instaurarla, y la Corte Suprema es la encargada de investigar sus actuaciones, en varios litigios que hay en su contra.

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Por último, la reforma propondría que el periodo máximo de prisión preventiva antes de que se dicte condena fuera de tan solo un año.

 

Duque y su reforma a la tutela

Entre tanto el gobierno del presidente Iván Duque, también presentó proyecto de reforma a la Justicia, en el que se dispone una nueva redacción del artículo de la Constitución Política que consagra la acción de tutela.

Las dos modificaciones incluidas en el proyecto son, primera, que se exigirá una legitimación para presentar acción de tutela, es decir, comprobar que hay un interés directo en solicitar la protección ante los jueces; y, segunda, que la tutela deberá presentarse ante los jueces de la jurisdicción y especialidad que corresponda con el objeto de amparo.

Con ello, según expertos, se cercena la Acción de Tutela que durante años ha defendido los derechos de los colombianos, ya que busca que quien quiera utilizar este mecanismo deba aportar pruebas, que en muchos casos son difíciles de conseguir para una persona del común, sobre la situación que se esté presentando, además de que ciudadanos de lugares alejados a las grandes ciudades, no podrán acudir a la tutela, toda vez que en la mayoría de municipios no existen jueces para cada jurisdicción y especialidad.

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