Este lunes en Bogotá se continuó con la audiencia, por parte de la Procuraduría General de la Nación, contra la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado y los exfuncionarios Julio Ernesto Ospina Gómez, John James Fernández López, Heidelman Grajales Puentes y Johnny Alberto Rodríguez Jaramillo, a la que ninguno de los encartados acudió.
Los señalados por presuntas irregularidades en la contratación pública en el período 2012-2015,han recurrido a enviar a sus abogados, quienes con recusaciones, que se demuestran luego no tener ningún fundamento, han intentado la nulidad del proceso.
Según asistentes a estas audiencias, citados por el portal elquindiano.com, los alegatos de los abogados han sido hechos con altanería e irrespeto contra la procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal Gloria Janeth Quintero Montoya, y se denota una intención de dilatar el proceso, pues no han contestado firmemente a los cargos que se les hace a sus defendidos, sino que se han concentrado en otros hechos, precisamente para dilatar, en un tono grosero.
«En desarrollo de la audiencia son evidentes las maniobras dilatorias y las provocaciones contra el despacho en cabeza de la procuradora Quintero, lo que ha molestado a la audiencia y los testigos, como a los funcionarios del propio Ministerio Público», manifestaron fuentes de la Procuraduría.
Se tiene previsto que las audiencias terminen este jueves, y para el viernes o a más tardar el lunes, se conozca el fallo contra los encartados.
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La investigación
La Procuraduría señala a estos implicados de trasgredir el principio de transparencia y el deber de seleccionar objetivamente la contratación estatal, al suscribir 6 convenios interadministrativos entre la gobernación y Empresas Públicas del Quindío -EPQ, la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ- y la Promotora de Vivienda del Quindío, en los que hubo una contratación con privados por cerca de 250 mil millones de pesos
Los convenios entre las tres entidades fueron seis, pero de ellos se desprendieron decenas de contratos, que fueron a parar a manos de los amigos de la administración departamental de entonces, en la mayoría de los casos sin licitación pública, donde casi siempre apareció un solo oferente.
Además, según la Procuraduría, los convenios no se podían hacer con estas tres entidades porque no tenían la capacidad técnica ni financiera para ejecutar estos contratos, hecho que los llevó a contratar con privados para que los ejecutaran.
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