La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a 20 gobernaciones y 35 alcaldías, durante los periodos 2012 a 2015, por el posible incumplimiento de su obligación en materia de protección, asistencia, atención, y reparación de la población desplazada por la violencia.
Entre los exgobernadores investigados se encuentra la del departamento del Quindío, Sandra Paola Hurtado, además de los de Risaralda, Arauca, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Caquetá, Caldas, Bolívar, Vichada, Sucre, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Huila y Guaviare.
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La Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos inició el proceso disciplinario porque, al parecer, las entidades departamentales y municipales han incumplido de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio, a pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla, y de presentar una situación grave de desplazamiento forzado, de acuerdo con la medición del Departamento Nacional de Planeación desde el año 2013.
Las alcaldías vinculadas a la indagación son las de Pereira, Risaralda;Fortul, Saravena y Tame en Arauca; Soledad, Barranquilla y Malambo en el Atlántico; Magangué y El Carmen de Bolívar en Bolívar; Patía, Cajibío y Buenos Aires en el Cauca; Chimichagua, Valledupar y El Copey en el Cesar; Tierralta en Córdoba; Pitalito en el Huila; Maicao, Fonseca y San Juan del Cesar en La Guajira; El Banco, Santa Marta y Plato en Magdalena; Ipiales y San Andrés de Tumaco en Nariño; Cúcuta, El Carmen y Teorama en Norte de Santander; Puerto Asís Putumayo; Piedecuesta y Girón en Santander; Sincelejo y Sanonofre en Sucre; e Ibagué y Chaparral en el Tolima.
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Estas acciones iniciadas por el Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, designado como funcionario especial por el Procurador General, hacen parte de la respuesta del Ministerio Público a la orden de la Corte Constitucional de monitorear el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, con respecto a la reivindicación de los derechos de la población desplazada.
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