El no pago de primas a cerca de 1.300 docentes del Quindío llevó a que el Juzgado Cuarto Oral Administrativo de Armenia embargara las cuentas del departamento del Quindío hasta por 30 mil millones de pesos.
La decisión fue tomada tras un largo proceso y luego de varias sentencias dictadas desde 2005, en las que se ha ordenado al departamento pagar el retroactivo de la prima de servicios a los profesores.
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La alta suma obedece a la negligencia de los gobiernos del departamento desde 2005, es decir los de Amparo Arbeláez Escalante, Julio César López Espinosa y Sandra Paola Hurtado Palacio, quienes no se preocuparon de establecer un procedimiento adecuado para que el gobierno nacional estableciera la forma de cancelar estos dineros a través de un pacto de pagos.
Al desatender su obligación, se han causado intereses cercanos a los 10.000 millones de pesos en los 12 años después de conocidas las sentencias respectivas.
Cada uno de los 1.300 maestros demandantes, recibirá en promedio unos 19 millones de pesos por el retroactivo de la prima de servicios dejada de cancelar.
Según el actual gobernador, Carlos Eduardo Osorio, en su gobierno se ha intentado gestionar el pago de este dinero con el gobierno nacional, pues «es el Ministerio de Hacienda quien debe hacerse cargo de estas obligaciones y no el departamento.» Según explicó al portal elquindiano.com su equipo de gobierno ya pasó las cuentas de cobro respectivo para que giren el dinero y están a la espera de los desembolsos correspondientes.
Agregó que cree que el reclamo de los maestros es justo y que ellos están en el derecho de reclamar lo que les corresponde por su trabajo.
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