La Corte Suprema de Justicia ordenó enviar copias compulsadas a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que “si se hallare mérito, investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las conductas» relacionadas con el escándalo de las ‘chuzadas’ (interceptaciones telefónicas) a altas personalidades nacionales.
Las copias son enviadas justo después de que el alto tribunal condenara a Jorge Noguera Cotes, exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a una pena de 7 años, 10 meses y 15 días de cárcel, como coautor del delito de concierto para delinquir agravado. Además, negó la suspensión condicional de su privación de libertad.
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El fallo señala, según lo dio a conocer el diario El Tiempo, que se hace la solicitud «por cuanto varias de las víctimas, entre ellas, Claudia Julieta Duque y Alirio Uribe Muñoz, manifestaron que estos seguimientos e interceptaciones se dieron durante el gobierno del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, quien los señalaba como traficantes de derechos humanos y terroristas, calificativos que los vincularon con las actuaciones delictivas realizadas por el DAS durante su mandato».
También describe que tal como lo dijo el exasesor del DAS, José Miguel Narváez, el G-3 «desarrolló inteligencia estratégica como parte de la política de seguridad democrática impulsada por la Presidencia».
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El caso Noguera
El exdirector del DAS fue condenado, además, a pagar por concepto de indemnización de perjuicios morales la suma de 100 salarios mínimos mensuales vigentes, por las llamadas ‘chuzadas telefónicas”.
De este pago se verán beneficiadas Gloria Inés Flórez, Martha Cecilia Monroy, los herederos del excandidato presidencial Carlos Gaviria Díaz, así como Gustavo Callón Giraldo y Miguel Alberto Flórez.
Según la Corte, Noguera Cotes se confabuló con varios directivos de la Dirección General de Inteligencia de esa institución entre los años 2003 y 2005, en la llamada inteligencia estratégica de interceptaciones telefónicas.
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La Fiscalía acusó a Noguera ante la Sala de Casación Penal de la Corte de ser determinador de los delitos de violación ilícita de comunicaciones y de utilización ilícita de equipos oficiales para la conducta criminal.
El ente acusador indicó: “Se planeó en varias reuniones en las que él participó para la interceptación, persecución y seguimiento a las cuentas y correos electrónicos de varias personas que se consideraran contradictores del gobierno de turno”, de Uribe Vélez.
De acuerdo con la investigación, el denominado grupo G3 del que –según la Fiscalía– hizo parte Noguera, “tenía una oficina con logística y presupuesto que provenía de los recursos del Estado”.
Este grupo G3 fue calificado por el ente acusador como una organización al margen de la ley, que se dedicó a la persecución sistemática de periodistas, líderes sindicales, políticos y magistrados con el propósito de “neutralizar” a todo aquel que estuviese en desacuerdo con el mandatario.
Con información: El Tiempo
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