Las presuntas irregularidades en contratación y puertas giratorias que permiten el paso de funcionarios de la Contraloría regional a las Empresas Públicas del Quindío -EPQ-, son algunas de las graves denuncias que recibió la Procuraduría General sobre la entidad, y que la llevaron a abrir en los últimos 15 días siete investigaciones preliminares, según publicó del diario capitalino El Tiempo.
Los cuestionamientos, que salpican la administración de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado, fueron hechos durante un cabildo abierto que se llevó a cabo hace dos semanas en Armenia, convocado por una junta ciudadana y en el que participó el viceprocurador general, Juan Carlos Cortés.
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Durante el mencionado cabildo se advirtió de la ejecución de convenios administrativos por más de 110.000 millones de pesos en una entidad cuyo presupuesto anual no supera los 14.000 millones.
Además, según el secretario de Aguas e Infraestructura departamental, Juan Antonio Osorio, desde que comenzó la nueva administración no ha sido posible hacer supervisión de los convenios que la gobernación anterior suscribió con EPQ entre el 2012 y el 2015 y que superan los 18.328 millones de pesos. De los 70 oficios enviados solicitando información solo han sido respondidos 13 de ellos.
Las indagaciones por este tema y la contratación de funcionarios que tendrían inhabilidades se suman a otras 5 investigaciones que ya estaba llevando la Procuraduría regional por hechos denunciados desde finales de 2015.
Para la Procuraduría, el caso de Quindío es escandaloso en la medida en que todas las denuncias apuntan a que las Empresas Públicas del departamento se convirtieron en el fortín político de la anterior administración departamental que habría dejado, a través de una reforma al régimen societario, amarrada la junta directiva.
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El caso es tan grave que a la fecha, el presupuesto del año 2017 para la compañía está congelado así como el sistema tarifario.
Con la normatividad que se aprobó, solo 9 días antes del cambio de administración, el gobernador actual no ha podido reacomodar la junta directiva; es decir, no tiene el control de la empresa a pesar de que la gobernación es la accionista mayoritaria y la fuerza la sigue teniendo la gente cercana a la exgobernadora Hurtado.
De acuerdo con Alejandro Rodríguez, promotor del cabildo, ya hay 50 casos documentados de cargos políticos y de familiares que se han entregado en la EPQ, muchos de ellos a exfuncionarios de la Contraloría regional; es decir, a personas que trabajaron ejerciendo control sobre la operación de la empresa de servicios públicos.
Relata el diario El Tiempo que La rotación de personal también es con la Corporación Autónoma del Quindío.
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Tres de los casos emblemáticos, según la denuncia elevada en el cabildo, son el de Blanca Rocío Zuluaga, quien fue directora del Plan Departamental de Aguas en la gobernación hasta enero del 2016, luego pasó a la contraloría y pocos meses después llegó a la EPQ.
Algo similar pasó en el caso de Carmen Cecilia Gutiérrez, exjefa de responsabilidad fiscal de la Contraloría, pasó a ser asesora de gerencia de EPQ y luego regresó a la Contraloría. Tatiana Uribe Londoño, exgerente de la Lotería de Quindío siguió la misma transición, pasando de la Contraloría a un cargo en la EPQ.
Las denuncias precisan que entre diciembre de 2015 y enero de 2016 la planta de personal de la compañía pasó de 138 a 218 personas.
Entre las irregularidades que se investigan están también la vinculación de los exalcaldes John Édgar Pérez Rojas y Alberto Peña Valencia a la compañía. El primero es el polémico alcalde de Quimbaya a quien, el día de las elecciones pasadas para alcaldes y gobernadores (en octubre de 2015), le encontraron $ 43 millones en efectivo en su carro y quien luego de hacer parte de la junta directiva de EPQ en su papel de burgomaestre se convirtió en asesor de la entidad.
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Peña, el exalcalde de Pijao, también está en la planta de empleados de la compañía de aguas en un cargo de profesional universitario.
Una sobrina y un cuñado del esposo de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado también hacen parte de la empresa. Cristina López Cardona, cuñada de Hurtado, estuvo en la empresa.
El poder de Hurtado es tal, que el pasado 19 de julio estuvo sentada en la mesa principal con la entonces ministra de Vivienda, Elsa Noguera, durante el anuncio de la construcción de 220 casas en los municipios de Génova y Córdoba. Esa situación le valió la apertura de una indagación preliminar a Noguera de la Procuraduría que indaga por qué no fue invitado el gobernador actual del departamento, Carlos Eduardo Osorio, y sí Hurtado, tratándose de un evento oficial.
Con información diario El Tiempo
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