Con base en confesiones, testimonios y documentos escritos y fílmicos, los fiscales de conocimiento evidenciaron que, en el año 2015, el actual alcalde de la capital de Quindío habría acordado con Francisco Javier Valencia, esposo de la exmandataria de la ciudad Luz Piedad Valencia, una suma cercana a los $6.000’000.000 para financiar su campaña, dineros que por provenir parcialmente de los contratos de las obras de valorización de Armenia tendrían que ser restituidos al contratista Fernando Diez Cardona, a través de otros contratos que deberían otorgarse por la nueva administración.
Este compromiso habría quedado garantizado con la suscripción de 4 pagarés por parte del alcalde Álvarez Morales, dos de los cuales fueron entregados voluntariamente por sus tenedores como cooperación con la justicia y se encuentran actualmente en poder de la Fiscalía. La exigibilidad de estos títulos valores estaba condicionada – según rezan los mismos – a que el otorgante – señor Álvarez Morales – ganara las elecciones a la alcaldía.
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La financiación de una parte de la campaña del alcalde se habría cubierto con recursos del anticipo del contrato de obras por valorización celebrado en la administración de Luz Piedad Valencia. La segunda parte de la campaña, supuestamente fue financiada con créditos bancarios tomados por el actual alcalde, con préstamos personales y sobregiros, sumas que habrían sido saldadas con recursos provenientes del anticipo del segundo contrato de valorización, desembolsado por el alcalde Álvarez Morales. Al efecto obran en el expediente de la Fiscalía recibos de consignación efectuados por terceros para saldar los créditos bancarios, aportados al proceso por uno de los testigos.
La Fiscalía ha podido establecer que el acuerdo entre quienes financiaron la campaña y el alcalde de Armenia, presuntamente, se pactó en agosto de 2015, dos meses antes de la elección popular del actual alcalde de Armenia.
En esta investigación, denominada ‘Díez… por Ciento’ Fase III, el fiscal competente decidió imputar al alcalde capturado,los siguientes delitos: lavado de activos, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.
La investigación continúa en esta fase hasta establecer la participación de todas las personas que habrían intervenido en la defraudación de los dineros de la contribución de valorización, con fines de aprovechamiento personal y la financiación de campañas políticas.
De igual forma, la Fiscalía avanza en los estudios que conduzcan a la extinción inmediata del dominio de los patrimonios ilícitos producto de la corrupción. Para este efecto, todas las personas imputadas hasta la fecha carecen de poder dispositivo sobre sus bienes, por el término de un año.
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