La anulación de esta medida la hizo el Tribunal Superior de Bogotá quien ordenó vincular al ministerio de Salud para que verifique si en realidad hay evidencia de que los gases lacrimógenos y otros agentes químicos utilizados para disipar protestas representan riesgo de contagio y severidad en síntomas de Covid-19.
La tutela, que había ordenado la prohibición el pasado mes de octubre, argumentaba que estos elementos químicos usados por la Fuerza Pública podrían propagar los contagios de coronavirus porque su efecto en el cuerpo humano degrada las defensas antivirales de los pulmones.
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El Tribunal señaló que el juzgado que falló anteriormente no había tenido en cuenta los conceptos de los ministros de Salud e Interior para tomar la decisión. Además, el propio Departamento Administrativo de Presidencia había impugnado el fallo.
De esta manera la tutela volverá a estudio por el juzgado quinto laboral de Bogotá, pero ya con los conceptos de dichos ministerios. Por lo pronto las autoridades podrán seguir haciendo uso de elementos como gases pimienta, granadas fumígenas y cartuchos con carga química CS y OC.
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