A la tutela interpuesta esta semana por el Ministerio de Minas y Energía, contra la consulta popular contra la megaminería en el municipio de Córdoba, Quindío, se sumó ahora la solicitud de suspensión temporal que hizo la Registraduría Nacional, debido a que por el momento no existen los recursos para el desarrollo de la jornada, según ha dicho el Ministerio de Hacienda.
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Y es que en una jugada que parece buscar el beneficio a las multinacionales mineras y acabar con las consultas populares que en el país han logrado desterrar de varios territorios a las megamineras que afectan gravemente el medio ambiente; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró: «Esta escalada de consultas me ha dejado muy preocupado y ya me están haciendo preguntas sobre eso en los foros internacionales y eso no es bueno para la inversión, para el empleo».
Desde el Ministerio indicaron que las consultas no deben ser financiadas por el Estado, ya que la Registraduría tiene una cantidad de recursos para elecciones típicas y atípicas, que se los están consumiendo este tipo de mecanismos, y agregó que los municipios o departamentos que deseen realizar estas consultas, deben financiarlas con sus propios recursos.
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El alcalde de Córdoba Guillermo Andrés Valencia, indicó que la consulta popular sigue en firme y que se realizará en la fecha establecida, es decir el 3 de diciembre. Dijo además que solicitará en el Comité de Seguimiento Electoral del Quindío, información sobre cuánto puede costar desarrollar la actividad, para buscar los mecanismos de financiación.
El burgomaestre señaló que se debe definir algo pronto, ya que en próximos días empezará la ley de garantías y no se pueden suscribir convenios interadministrativos.
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