El próximo 4 de octubre continuará la audiencia que se sigue en contra del gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, luego de que el procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa, Germán Calderón España, negó la solicitud de la defensa de anular el juzgamiento.
La defensa había solicitado que se anulara la audiencia verbal y se reiniciara todo el proceso, por la vía ordinaria y no por la acción extraordinaria de la audiencia verbal, y en forma separada para las 4 personas implicadas en el asunto.
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El abogado defensor, argumentó que había falta de competencia para que se hiciera por este procedimiento, pues se halló una presunta indebida tipificación de la falta y, por tanto, el proceso debería ser ordinario y no verbal.
Tras 8 días que se tomó la procuraduría para resolver la solicitud, el ente de control resolvió este jueves 12 de septiembre, negando la petición, pues para el procurador, él si tiene «absoluta competencia y no se están negando los derechos de los disciplinados». Además indicó que será un solo proceso y no uno por uno, se mantendrá la delegatura como lo ordena la ley y no hay derecho a la réplica».
El lío por el que se investiga al Gobernador
Las presuntas irregularidades en la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad -SIES- y la línea de atención 123 por un valor de más de 2.360 millones de pesos, son el motivo de la investigación contra el mandatario quindiano.
En el proceso están implicados el secretario del Interior para la época en que se realizaron los contratos, Héctor Alberto Marín Ríos, hoy director del Departamento para la Prosperidad Social regional Quindío; además de la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao, y el gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana -ESU-, David Viera Mejía.
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De acuerdo con las investigaciones, en la adjudicación de los contratos presuntamente se evadió el proceso de licitación pública y se habría otorgado, mediante la modalidad de contratación directa, a una empresa que aparentemente no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ejecutarlo, en este caso a la ESU.
ESU no tenía la capacidad para realizar el trabajo para el que se le contrató, por lo que suscribió subcontratos con terceros, convirtiéndose en intermediario, lo que habría incrementado en un 10% los costos de ejecución.
La presunta conducta del gobernador fue calificada por el Ministerio Público como una falta gravísima a título de culpa grave.
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