Procuraduría investiga al gobernador, al rector de la Uniquindío y al resto del Consejo Superior del alma mater

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra 9 integrantes del Consejo Superior de la Universidad del Quindío por presunto incumplimiento de un fallo judicial.

La medida afecta al gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio como presidente del Consejo Superior; al rector José Fernando Echeverry Murillo; y a los consejeros Ángela María Alzate Manjarrés, Raquel Díaz Ortiz, Carlos Iván Correa Valencia, Álvaro Córdoba Nieto, Carlos Aníbal Blandón Jiménez, Juan Farid Sánchez López y José Wilder Rodríguez Obando.

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El Ministerio Público busca determinar si los funcionarios pudieron incurrir en falta disciplinaría porque al parecer no llevaron a cabo las acciones ordenadas por un juzgado para la implementación del sistema de carrera especial, para el personal administrativo de la mencionada universidad.

Vale la pena apuntar que el fallo en mención fue proferido en 2013 por el juzgado segundo administrativo y confirmado por el Tribunal Administrativo del Quindío el 2 de mayo de 2017; y señala que “a la universidad se le dio un plazo de 180 días contados a partir del 1 de abril de 2017, para adelantar lo respectivo sobre el concurso y realizarlo a más tardar en el mes de agosto de 2018

En su momento el rector de la Universidad del Quindío José Fernando Echeverry manifestó que cumplir el fallo del tribunal le costaría a la institución alrededor de 1.390 millones de pesos. “Ese dinero no existe en la universidad. A principio de año se hace un presupuesto que es de $109.000 millones, para atender las necesidad priorizadas de la institución… No sé si el presupuesto para el pago de la carrera administrativa lo va a proveer la rama judicial o el ministerio de Hacienda”. dijo el rector en su momento.

El ente de control decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

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