El Consejo de Estado negó una acción de tutela que se había interpuesto en contra de la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío -TAQ- en la que se invalidó el acuerdo del concejo municipal de Salento con el que se pretendía proteger de la megaminería el patrimonio cultural y ambiental del municipio.
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El fallo “niega las pretensiones de la acción de tutela que ejerció la señora Orfa Liliana Correa Rojas (quien es actualmente concejal del municipio)… pues: no se advierte que el TAQ haya adoptado una decisión arbitraria o caprichosa ni transgresora de los derechos fundamentales, cuyo amparo aquí se reclama, luego corresponde a la sala negar el amparo solicitado”.
El documento se conoció este martes 19 de noviembre y es analizado por un grupo de abogados de la Mesa Ambiental de Salento, así como autoridades del municipio, que buscan soluciones al nuevo problema que surge en la defensa del territorio.
Entre tanto la concejal que interpuso la tutela dijo que se va a impugnar la decisión de primera instancia, para lo cual se tienen solo tres días en los que deben trabajar en los argumentos jurídicos para defender a Salento.
La desición del TAQ
En junio pasado el Tribunal Administrativo del Quindío declaró la invalidez del Acuerdo Municipal, firmado por el concejo de Salento, en el que se impedía cualquier tipo de actividad asociada con la megaminería.
El acuerdo había sido expedido el pasado 27 de febrero, y tras el mismo el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, decidió darle traslado al Tribunal para que fuera este quien determinara su legalidad y constitucionalidad.
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Infortunadamente en concepto de los magistrados, el acuerdo no puede tener validez, dado que la Corte Constitucional fijó jurisprudencia al respecto y determinó que las entidades territoriales no tienen competencia absoluta para los fines que afecten los intereses más allá del mismo territorio. Por tanto lo acordado debe ser decidido entre las autoridades locales y la nación”
El temor ante la megaminería en Salento se cierne porque hay datos fehacientes de las intenciones de la multinacional Anglo Gold Ashanti para continuar con su proyecto de explotación de oro, no sólo en Salento, sino en todo el territorio quindiano, lo que podría afectar las fuentes hídricas y el propio Paisaje Cultural Cafetero y el turismo en la región.
Vale la pena recordar que en noviembre de 2017 el concejo municipal de Salento intentó realizar una consulta popular en la que los habitantes del municipio dijeran si querían o no que se desarrollara megaminería en su municipio, pero una serie de acciones del gobierno nacional, entre las que se cuentan el no giro de recursos para la consulta, dejó sin piso esta posibilidad.
El documento fue elevado al Gobierno departamental, que a su vez solicitó revisión al Tribunal Administrativo del Quindío y meses después declaró la invalidez del acuerdo, argumentando que las entidades territoriales no tienen competencia para prohibir el desarrollo de actividades o explotación del subsuelo en su jurisdicción y que este tipo de decisiones le corresponde al Estado.
Con información: lafm.com.co
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