Un fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia reconoció al Valle de Cocora como sujeto de derechos e insta a varias instituciones a tomar acciones para su protección, incluyendo un estudio de capacidad de carga para actividades de turismo.
El fallo surge luego de que el concejal de Salento, Jaime Arias, entutelara por derechos a la salud, el mínimo vital, la dignidad, el goce de un ambiente sano y la protección de las riquezas culturales y ambientales, ante el alto número de personas que ingresan al Valle de Cocora, incluso en medio de la pandemia.
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El corporado explicó que no se trata de condenar las prácticas turísticas, sino de regularlas. Es así como en máximo 15 días, varias instituciones regionales deben reunirse para proyectar un estudio de capacidad de carga que determine cuántas personas pueden ingresar al Valle de Cocora.
Gobernación está de acuerdo con fallo, pero dicen que buscarán optimizar el trabajo para su cumplimiento
La secretaria de Representación Judicial y Defensa del Quindío, Paula Andrea Huertas Arcila, calificó como de vital importancia el fallo, sobre el cual dijo que el gobierno departamental está de acuerdo.
No obstante, la funcionaria aclaró la posición de la administración seccional, en el sentido de apelar dicho fallo, con el objetivo de optimizar todos los recursos posibles para que la protección de esa especial zona geográfica al norte del territorio, cuente con el total cuidado y defensa que requiere.
Explicó que el Parque Nacional de los Nevados, al igual que el río Quindío con su cuenca hidrográfica y, dentro de este espacio geográfico, el valle de Cocora, ya han sido reconocidos con anterioridad como sujetos de derechos y se ha ordenado su protección por otros fallos judiciales.
Ello ha obligado a implementar acciones desde distintos frentes a un número importante de instituciones y organismos públicos, entre ellos el departamento del Quindío, que se han dado a la tarea de cumplir con lo ordenado.
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La apelación de la Gobernación del Quindío, en consecuencia, dijo la funcionaria, no busca que se revoque el fallo del alto tribunal, sino que se delimiten las acciones administrativas de cada uno de los entes territoriales y organismos comprometidos, conforme a las competencias jurisdiccionales que les asisten y de esta manera optimizar todas y cada una de las actuaciones que se cumplan en tal sentido.
Mientras surten los trámites de la apelación anunciada, añadió, se dará inicio a la convocatoria de las mesas de trabajo determinadas dentro del fallo por el juez, para avanzar en las acciones que establece la orden judicial conocida en las últimas horas.
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