Marieth Vanegas Castillo, la exsecretaria de la Asamblea Departamental del Quindío, envuelta en el proceso por Prevaricato por Acción, que se adelanta contra los diputados y exdiputados por aprobar las ordenanzas ilegales propuestas por la entonces gobernadora Sandra Paola Hurtado, deberá regresar al país pues le fue dictada, al igual que a los demás implicados, medida de aseguramiento.
Aunque la medida no consiste en privación de la libertad, los procesados sí deben cumplir con la orden de no salir del país y cancelar la caución de 10 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, Smmlv, que solicitó la jueza, además se les impuso vigilancia permanente por parte de la policía, la obligación de presentarse cada 15 días ante la Coordinación del Centro de Servicios Judiciales y la observancia de buena conducta, la cual debe ser constatada por la Fiscalía.
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La exfuncionaria, que se encontraba radicada en Estados Unidos, desde donde hizo parte de las audiencias a través de Skype, debe volver a Colombia en un término de 5 días, a pesar de que sus abogados interpusieron recurso de apelación.
La investigación
El proceso penal contra estas personas fue abierto tras la aprobación de 4 proyectos de ordenanza en noviembre de 2015, con los cuales los miembros de la asamblea departamental pretendieron que el departamento se quedara sin recursos, entregándolos a los municipios y a la EPQ, en una maniobra que buscaba que el gobernador Carlos Eduardo Osorio, acabado de elegir, se quedara sin margen de maniobrabilidad para gobernar, y que los alcaldes de la misma cuerda política de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado, tuvieran todo el control sobre las arcas del departamento.
Estas ordenanzas han sido paulatinamente anuladas por diferentes entes de control tras ser declaradas contrarias a la ley.
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