La Contraloría General de la República identificó que aproximadamente 15.580 acudientes que aparecen como fallecidos en la Registraduría Nacional recibieron 28.018 raciones de alimentación por parte de contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Icbf-
Según se pudo establecer este tipo de anomalías tendrían un valor de 2.241 millones de pesos.
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Entre otras inconsistencias también se pudo conocer que algunas personas se hacían pasar por padres de familia de más de 100 menores.
Los casos corresponden a una mujer que reclamó raciones para 172 niños en Chimichagua, César. Otro señor dijo ser tío político de 134 menores, por los que reclamó la alimentación en Buenaventura, mientras uno más dijo ser acudiente de 195 niños en municipios de Norte de Santander.
Además, los contratistas también realizaron 37 entregas a 16 menores de edad en Chocó y 8 a 2 niños en Nariño, todos ellos reportados como fallecidos.
Sumado a esto, la Contraloría generó 25 alertas por contratos que no se ejecutaron y equivaldrían a $12. 087 millones de pesos. En ciudades como Medellín ni siquiera se reportó una entrega de las 2.691 que se debían hacer según informó Caracol Radio.
En total fueron 69 alertas que halló el ente de control en el marco del Programa de Canastas Nutricionales para los más afectados de la pandemia del Covid-19.
Presidente los llamó ratas de alcantarilla
El presidente de la República, Iván Duque, se refirió al hecho de corrupción en el que calificó a los responsables como ‘ratas de alcantarilla’.
“Es doloroso que se presenten ratas de alcantarilla que son esos contratistas que tratan de buscar artimañas para desviar recursos, quedarse con ellos y no entregárselo a los niños de Colombia”, expresó el mandatario.
En ese sentido el jefe de Estado pidió celeridad para cruzar las bases de datos de la Contraloría con ayuda de la registraduría con la entrada en funcionamiento del sistema Betto. Esto permitiría hacerle mayor seguimiento a los contratistas y los recursos asignados.
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