Destituidos e inhabilitados por 15 años tres funcionarios de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá

Destituidos e inhabilitados funcionarios de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá
Los vídeos de las agresiones habían sido revelados a través de redes sociales en abril de 2018

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años al capitán del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec –, Mauricio Octavio Jojoa Paz, y a los tenientes de la misma institución, Benyaneman Leiton García y José Manuel Quintero Ferreira, quienes laboraban en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá.

La decisión se tomó porque para el ente de control fue claro que los guardianes agredieron físicamente, cuando le propinaron golpes repetidos a un recluso al que obligaban a sentarse para que un peluquero le cortara el pelo en un pasillo del centro carcelario.

En contexto: En video: Guardianes de Peñas Blancas en líos por maltrato a los presos

Además, según reveló el portal periodismoinvestigativo.com.co, se demostró que los disciplinados impidieron, bajo el argumento que se requería orden judicial, que funcionarios del Ministerio Público, el director del establecimiento penitenciario y otras autoridades, acudieran a revisar el video que previamente habían verificado, en el cual quedó registrado el maltrato del que fue objeto el interno,

Con estos comportamientos los miembros del Inpec incumplieron, entre otras normas, el Código Penitenciario y Carcelario que contempla que “en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia psíquica, física o moral”.

También transgredieron el numeral 16 del artículo 34 de la Ley 734 que establece como deber de todo servidor público “permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás autoridades competentes el acceso inmediato a los lugares donde deben adelantar sus actuaciones e investigaciones (…). Así mismo, prestarle la colaboración necesaria para el desempeño de sus funciones”.

Las conductas fueron calificadas por la Procuraduría Regional del Quindío como gravísimas cometidas a título de dolo. Contra esta decisión de primera instancia la defensa de los disciplinados interpuso recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.

 

Vea el vídeo de las agresiones, revelado en abril de 2018

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