Durante el cabildo abierto sobre Empresas Públicas de Armenia -EPA- adelantado la mañana de este miércoles 26 de febrero en el Concejo Municipal de la capital quindiana, la Junta Ciudadana hizo graves denuncias, que según explicaron, serán puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y organismos de control competentes.
Alejandro Rodríguez, uno de los convocantes y líder de la Junta Ciudadana, concentró sus tres más graves denuncias en la contratación de personal y nombramiento de cargos de manera indebida, hechos en los que estaría involucrado la ex compañero sentimental de la actual gerente de la empresa, la señora María del Pilar Herrera.
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Según el denunciante se ha contratado gente que no cumple con los requisitos para sus cargos y se ha vinculado a personas involucradas en delicados temas de corrupción del pasado. Además, al interior de la empresa habría persecuciones laborales contra algunos funcionarios, por atreverse a señalar las irregularidades en las contrataciones.
Denunció que el señor Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, quien tiene una sanción de suspensión por irregularidades en convenios interadministrativos en la gobernación antepasada, está haciendo uso de los pasillos del piso sexto de la entidad para recibir hojas de vida y entrevistarse con potenciales colaboradores, en medio del malestar de los funcionarios de la empresa.
Además se refirió al hecho de que se vincule mediante contrato de prestación de servicios por 48 millones de pesos por 8 meses, al señor Gustavo Adolfo Pineda Aguirre para realizar una actividad, en la que según el denunciante, «EPA ya cuenta con personal especializado que la cumpla».
Pineda Aguirre además, en su condición de integrante de la Junta Directiva de la empresa, participó en la constitución de la sociedad Acuaseo y la autorización del desembolso de $1.250 millones que están embolatados y que hasta la fecha nadie responde por ellos, y tampoco nadie reclama, como si no representarán un grave detrimento patrimonial para los armenios.
Además, se refiere a dos contratos que suscribió la actual gerente de Epa, que tienen que ver con la lectura y la distribución de facturación, que se los ganó la misma empresa FRC, uno por $980 millones y otro por $218.
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Otras denuncias:
Rodríguez tocó el tema de la construcción de la sede propia de EPA en el lote que tiene la entidad frente a Ventanilla Verde, predio que actualmente es administrado por uno de los hermanos de Luz Patricia Loaiza Cruz, esposa del exalcalde Carlos Mario Álvarez Morales, y que fue arrendado en 2017. Según el líder comunitario, de allí se derivan millonarios ingresos para un particular que no lo quiere devolver, por lo que EPA debió emprender acciones judiciales para la restitución del bien.
Otras intervenciones tocaron temas de la calidad del agua, al cumplimiento del Fallo del Tribunal Administrativo del Quindío con la descontaminación de las fuentes hídricas y el tema tarifario, entre otros.
Los asistentes se quejaron por la ausencia de organismos de control invitados al cabildo, y del alcalde José Manuel Ríos, quien según manifestaron desde la alcaldía, se encontraba en Cartagena cumpliendo una cita con los alcaldes de todo el país.
Las respuestas a las preguntas planteadas durante este cabildo se darán el próximo 4 de marzo de 2020.
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