Corte tumba consultas mineras mientras el Fracking gana espacio para ser realidad en Colombia

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La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, que obligaba a los entes territoriales a realizar consultas populares para que las comunidades decidieran aprobar o rechazar proyectos mineros y de naturaleza turística.

La determinación de la corte deja en manos de los alcaldes la decisión de adelantar o no las consultas. El mandatario local deberá hacer un análisis de si el proyecto es sólo de interés de su población o de su territorio o si es de importancia para toda la nación antes de pensar en convocar el mecanismo popular.

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Desde la corte explicaron que cuando el proyecto también sea de interés de la nación, el municipio o departamento no podrá realizar la consulta popular.

Esto, sin embargo, no implica la prohibición de las consultas, pues los gobernadores y alcaldes podrán realizar consultas populares para decidir sobre el asunto si este es afecta solo a su territorio.

La ponente de esta decisión fue la magistrada Cristina Pardo, la misma que proyectó la decisión que tumbó la consulta minera adelantada en el municipio de Cumaral, Meta, en la que el pueblo había votado negativamente a la explotación minera por parte de la firma Mansarovar Energy.

En esa decisión, la Corte estableció que la Nación y el territorio que no desee la minería tienen que llegar a acuerdos y fórmulas de solución; si ello no ocurre, sería el legislador el que tome la última decisión sobre la extracción en un determinado lugar.

Además, le dio plazo de dos años al Congreso para que expida una regulación sobre la importancia ambiental y social del país frente a la extracción minera.

 

Fracking cada vez más cerca de ser una realidad

El fracking, una técnica de extracción de petróleo que según científicos y ambientalistas, pude afectar gravemente el medio ambiente y sobre todo el agua de la zona donde se realice, está cada vez más cerca de empezar a implementarse en Colombia.

En el proceso habrá tres etapas que deben ejecutarse para determinar si esta técnica puede o no realizarse en el país. Una será ganarse la aprobación, la segunda identificar las falencias en el país para desarrollar este tipo de tecnologías de manera responsable y la tercera aprobarlo mediante nuevas legislaciones.

 

Con información: rcnradio.com

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