En el informe original publicado en 2013 por la Contraloría General de la República, y que encendió la polémica por la compra de 103 hectáreas de baldíos de la Nación para extender la hacienda El Ubérrimo del expresidente Álvaro Uribe, el objetivo fue investigar las inversiones oficiales en los distritos de riego de Mocarí en Montería, Córdoba, que durante 2008 y 2010 recibió subsidios por 15 mil 965 millones de pesos.
En el informe de Luis Alberto Higuera, contralor delegado para asuntos agropecuarios, revelado esta semana por Noticias Uno, se descubrió que luego de ampliar la superficie de El Ubérrimo con predios baldíos, esta hacienda se favoreció a través del decreto 732 de 2008 firmado por el entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y por el propio presidente Álvaro Uribe.
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Higuera dice que “se descubre que en el año 2008 este distrito de riego fue el que obtuvo la segunda mayor inversión para ese año. Se le invirtieron 900 millones de pesos de un total de 5 mil”.
De los 15 mil 965 millones que el gobierno Uribe invirtió para el distrito de riego en Montería, le correspondieron 3.297 millones a la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo SAS, de propiedad de Álvaro Uribe y su familia, que fueron distribuidos de la siguiente manera: en 2008, recibió 903 millones; en 2009, 1.404 millones de pesos, y en 2010 990 millones en subsidios, gracias al decreto que firmó el exministro y prófugo de la Justicia Andrés Felipe Arias.
En otras palabras, el gobierno Uribe firmó un decreto que le otorgaba subsidios no reembolsables para beneficio de las propiedades del jefe de Estado y de su familia.
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El excontralor delegado Alberto Higuera denunció ante la Fiscalía y la Organización de las Naciones Unidas que ha recibido amenazas de muerte, luego de la polémica que enfrenta Álvaro Uribe con la actual Contraloría General por la extensión de su finca El Ubérrimo con predios baldíos de la Nación que quedaron en su propiedad.
Un distrito de riego es un sistema de abastecimiento y drenaje de agua. Una serie de canales derivados de una bocatoma en el que el agua entra para regar los cultivos pero también tiene canales de drenaje que permiten que las aguas ya utilizadas o servidas drenen y se evacúen del predio.
Tras el informe de Noticias Uno Álvaro Uribe estigmatizó a periodista
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó los señalamientos hechos por el senador del Centro Democrático contra Julián Martínez, reportero del noticiero que dirige Cecilia Orozco.
El lunes 15 de mayo el senador Álvaro Uribe Vélez estigmatizó a Martínez a través de su cuenta en Twitter: “A Noticias Uno, su periodista Pro Farc Julián Martínez y a su directora dra Orozco les repetiré la respuesta de 2013 a su repetido infundió,” (sic.) dijo Uribe.
Los ataques del senador y expresidente se produjeron luego de que Martínez publicara la nota en la que denunció que entre los años 2008 y 2010, Uribe destinó recursos del Estado para sus propiedades.
Las estigmatizaciones del senador sitúan al periodista en una situación de riesgo infundado que puede desencadenar ataques de mayor gravedad. Este señalamiento, sobre el cual Uribe no presenta pruebas, supone que el reportero pertenece o simpatiza con un grupo armado. Algunos podrían interpretar esto como un aval para agredir al periodista.
Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión declara que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.
En segundo lugar, los señalamientos de Uribe son un mensaje amedrentador para otros medios y periodistas, que generan un efecto inhibitorio para continuar con la investigación del tema publicado por Noticias Uno, que es un asunto de interés público. En ese sentido, la estrategia del Senador de responder con acusaciones personales, en lugar de presentar su versión sobre los hechos, debilita la deliberación pública y fractura las garantías para que los ciudadanos en Colombia puedan opinar e informar sobre el poder público.
La FLIP invita al senador Álvaro Uribe a expresar sus desacuerdos con la prensa de una manera que no afecte la labor de los periodistas y a adoptar un discurso que garantice la libertad de expresión y de información. Así mismo, la FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la investigación disciplinaria en contra del funcionario y determine las sanciones a las que haya lugar.
No es la primera vez que Uribe no se defiende de acusaciones y opta por atacar a quienes lo investigan
Álvaro Uribe ha recurrido en varias ocasiones a los ataques contra la prensa como respuesta pública a las críticas, denuncias y cuestionamientos que se le hacen en su condición de persona pública sometida a escrutinio social. La FLIP ha registrado las siguientes:
En 2002 Daniel Coronell publicó en una columna que en 1984 un helicóptero de Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe, había sido encontrado en el laboratorio de Tranquilandia. En esa ocasión el actual senador del Centro Democrático acusó por primera vez al columnista de Semana de tener vínculos con los narcotraficantes Perafán y Villegas.
En abril de 2006 el entonces presidente Uribe afirmó que algunos medios de comunicación le “están haciendo daño a la legitimidad institucional” y que “la libertad periodística no puede sustituir a la justicia”. En su momento la FLIP expresó su preocupación por estas declaraciones, ya que podían malinterpretarse y generar una estigmatización en contra de los medios de comunicación y de la libertad de prensa en general.
El 2 de octubre de 2007, en una entrevista que le hizo Caracol Radio, el mandatario aseguró que el periodista Gonzalo Guillén «ha dedicado una carrera periodística a la infamia y a la mentira». Los señalamientos se hicieron luego del lanzamiento del libro ‘Amando a Pablo, odiando a Escobar’, que motivaron a Uribe a decir que el periodista estaba detrás de este y otros libros en su contra.
El 9 de octubre de 2007, Daniel Coronell retomó un señalamiento que había hecho Uribe contra el periodista Gonzalo Guillén, con ocasión de la publicación del libro ‘Amando a Pablo, odiando a Escobar’. Este hecho provocó una discusión entre el expresidente y el periodista en medios, donde Uribe calificó a Coronell de mentiroso y miserable. Horas después el columnista de la Revista Semana recibió un correo firmado por las Águilas Negras, en el cual anunciaban: “Quien ataca a nuestro presidente firma su sentencia de muerte”.
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En el año 2009, se refirió a Hollman Morris como “cómplice del terrorismo”. En ese momento, el Relator para la Libertad de Expresión de la ONU y la Relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH expresaron su preocupación por los señalamientos. Para los organismos internacionales, estas afirmaciones ponen en riesgo a los periodistas y generan un efecto de autocensura.
Este episodio fue analizado con posterioridad por la CIDH, organismo que en el informe “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios” definió que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas.
En diciembre de 2010, Daniel Coronell publicó una columna en la que retomaba una investigación del Miami Herald en la que se hablaba de una relación entre los hijos de Álvaro Uribe y los hermanos Nule, cuestionados contratistas en el país. Tras la publicación, Uribe volvió a insistir en la relación del periodista con el narcotráfico y el lavado de dinero.
El 17 de septiembre de 2014, durante el debate que se realizó en el Congreso sobre paramilitarismo, el expresidente Uribe señaló a Telesur y a Canal Capital como “medios de comunicación serviles al terrorismo. Las declaraciones provocaron respuestas violentas como el trino que hizo un desconocido en Twitter el 23 de septiembre “me ofrezco a matar a @HOLLMANMORRIS”, quien para ese entonces era gerente de Canal Capital.
En octubre de 2014, Daniel Coronell habló en una de sus columnas sobre las conversaciones que mantuvieron miembros del gobierno de Uribe con alias “Pablo Catatumbo”. Según el columnista, personas cercanas a presidencia le ofrecieron al comandante guerrillero despejar 868 km para un posible acercamiento con el grupo armado. De inmediato el senador del Centro Democrático recurrió a los ataques contra el periodista, asegurando que recibía dinero del gobierno de Juan Manuel Santos para mentir sobre Uribe.
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El 10 de diciembre de 2014, el Senador del Centro Democrático publicó en su cuenta de Twitter tres mensajes que atentaron contra la libertad de prensa y la protección especial a la actividad periodística. En los trinos hacía referencia a la entrevista que Morris realizaría en una cárcel de Itagüí a un hombre condenado por paramilitarismo.
En su momento la FLIP le recordó a Uribe que esa información por defecto es reservada y que, al hacerla pública, ponía en riesgo al periodista y a sus fuentes. Adicionalmente, se advirtió que las afirmaciones podían vulnerar la presunción de inocencia del periodista y afectar su credibilidad. También se hizo referencia a la necesidad que tienen los funcionarios públicos de mantener un discurso favorable a la libertad de expresión y la deliberación pública.
Luego de las agresiones, la FLIP le envió una carta al expresidente Uribe donde se le hacía un llamado para que aportara a construir un ambiente favorable a la deliberación pública, que respete y no afecte el libre flujo de ideas. El Senador del Centro Democrático jamás brindó respuesta, por el contrario, continuó con las agresiones a periodistas como las que emitió contra Yohir Akerman y Daniel Coronell en marzo y abril de 2016.
JohirAkerman, desteñido militante del ELN que busca notoriedad con la honra de los míos y la personal
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 29 de marzo de 2016
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