En el proceso que se adelanta contra la exgobernadora Sandra Paola Hurtado y sus exfuncionarios Julio Ernesto Ospina Gómez, John James Fernández López, Heidelman Grajales Puentes y Johnny Alberto Rodríguez Jaramillo, por parte de la Procuraduría, los abogados defensores recurrieron a instaurar acciones de tutela, que buscan anular dicho proceso.
Los recursos legales fueron interpuestos en la sala civil del Tribunal Superior del Quindío y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en ambos fueron admitidos, aunque se negó la medida provisional de suspender el proceso.
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Las tutelas argumentan que la Procuraduría violó el debido proceso porque según los abogados, la investigación se inició a espaldas de los procesados.
La próxima audiencia verbal dentro de esta investigación está programada para el próximo martes 7 de noviembre en la Procuraduría General de la República en Bogotá.
Además de este proceso, la Gobernadora debe afrontar otro en el que la Fiscalía la señaló por Prevaricato por Acción, por el sonado caso de las ordenanzas, que también tienen en líos a 3 diputados, 3 exdiputados y la exsecretaria de la Asamblea Departamental. Lea: En libertad quedaron los diputados y exdiputados investigados por Prevaricato por Acción
La investigación
La Procuraduría señala a estos implicados de trasgredir el principio de transparencia y el deber de seleccionar objetivamente la contratación estatal, al suscribir 6 convenios interadministrativos entre la gobernación y Empresas Públicas del Quindío -EPQ, la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ- y la Promotora de Vivienda del Quindío, en los que hubo una contratación con privados por cerca de 250 mil millones de pesos
Los convenios entre las tres entidades fueron seis, pero de ellos se desprendieron decenas de contratos, que fueron a parar a manos de los amigos de la administración departamental de entonces, en la mayoría de los casos sin licitación pública, donde casi siempre apareció un solo oferente.
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Además, según la Procuraduría, los convenios no se podían hacer con estas tres entidades porque no tenían la capacidad técnica ni financiera para ejecutar estos contratos, hecho que los llevó a contratar con privados para que los ejecutaran.
La Fiscalía le imputó prevaricato por acción pero se abstuvo de solicitar medida de aseguramiento
Mientras que en la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá la ex mandataria del Quindío deberá presentarse a la citación de la Fiscalía General de la Nación para imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento por el trámite de las polémicas ordenanzas en la asamblea departamental en diciembre del 2015.
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