En dos semanas centenares de presos entre los que se encuentran raponeros, atracadores, sicarios, mafiosos, integrantes de bandas y ladrones de cuello blanco, entre muchos otros, saldrían de los penales y quedarían en libertad. El próximo 1 de julio 12.000 personas, la mayoría sindicadas por los delitos que más afectan a los ciudadanos comunes, regresarán a las calles.
Según relata la Revista Semana, Esto se debe a que en 2015 la Fiscalía y el Ministerio de Justicia de la época promovieron ante el Congreso la aprobación de la Ley 1760. Fue así como quedó consagrado a partir de la entrada en vigencia de esa ley que la Fiscalía y la Justicia tendrían un plazo máximo de un año para resolver la situación de las personas sindicadas con privación preventiva de la libertad. De no hacerlo, quienes estuvieran detenidos en calidad de sindicados sin que se iniciaran sus respectivos juicios podrían reclamar su libertad al cumplir los 12 meses tras las rejas.
En ese momento una de las motivaciones para promover esa iniciativa tuvo que ver con las demandas contra el Estado por privaciones injustas de la libertad, que eran un desangre para las arcas de la Nación. Las pretensiones en contra del aparato judicial superaban los 18 billones de pesos en las últimas dos décadas. La mayoría de esas acciones legales fueron instauradas por personas que permanecieron varios años tras las rejas a la espera de que un juez resolviera su situación, es decir, que los condenaran o los absolvieran. Esa ley también buscaba modificar los criterios para aplicar las medidas de aseguramiento, con el argumento de que la privación de la libertad debería ser la excepción del sistema penal y no la regla.
La Ley 1760 entró en vigencia el 6 de julio de 2015 y un año más tarde el propio gobierno se dio cuenta del inmenso lío creado por esa norma. Para julio de 2016 cerca de 10.000 sindicados estaban listos para recobrar la libertad, pues ya había pasado un año y aún no iniciaban los juicios en su contra ni les definían su situación. Ante esa inminente excarcelación masiva de presos, muchos de ellos de gran peligrosidad, el gobierno convocó de urgencia al Congreso para expedir otra ley que amplió un año más el plazo a la Fiscalía y la Justicia para mantener las medidas de aseguramiento y resolver la situación jurídica. En ese momento se logró atajar la salida masiva de detenidos. Sin embargo, ese nuevo plazo es el que termina el próximo 1 de julio.
“Las audiencias de juzgamiento no se hacen en un año. En la medida en que la Fiscalía sea más efectiva, más se va a colapsar el sistema penal acusatorio. Hoy hay represadas 112.000 audiencias en todo el país como resultado de que el sistema judicial no tiene alternativas. El número de jueces en 1994, era prácticamente el mismo que existe hoy en 2017, 23 años después. Adicionalmente, el sistema demuestra que en un año ni siquiera se alcanza a instalar el juicio oral. ¿Cómo se expidió entonces esa ley que dice que en un año se debe resolver la situación del sindicado?”, dijo el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, al explicar a la Revista Semana parte de las razones por las cuales podrían quedar en libertad próximamente esos 12 mil detenidos.
De acuerdo con el fiscal en la actualidad hay más de 400 tipos de penales, “se volvió un deporte construir en todos los periodos legislativos más y más tipos penales, lo que hace que todo sea un delito que merece cárcel… Solo en lo que va de 2017 ya tenemos 27.236 denuncias por inasistencia alimentaria. El 15 por ciento de la capacidad investigativa de la Fiscalía se dedica a eso. Un muchacho que rompe el vidrio de una casa: eso hoy está tipificado como daño en bien ajeno y puede terminar en la cárcel, lo cual es absurdo”, afirmó Martínez.
Si bien para el fiscal general ese tipo de delitos, entre otros, deben merecer un tratamiento diferente que obviamente no implica detención, el gran problema es que como no hay política criminal clara se volvió común hacer “tabla rasa con todos los delitos”, para lidiar con problemas como el hacinamiento en los penales. Es decir que una ley como la 1760 que podía beneficiar justamente con la libertad a un padre de familia que no pudo cumplir con su cuota alimentaria también cobija a un sicario peligroso o un temido atracador.
“¿Cómo puede pretenderse que existieran iniciativas que contemplaran realizar un descuento del 20 por ciento de la penas a todos los delitos?”, se pregunta el fiscal, en clara referencia a las iniciativas legislativas que planteaban esa rebaja en las condenas de todos los criminales como medida de descongestión carcelaria y con motivo de la visita del papa Francisco.
Tanto el fiscal como el procurador Fernando Carrillo anunciaron la presentación de un proyecto de ley el próximo 20 de julio, en el que propondrán la despenalización de un amplio número de delitos que podrán ser perseguidos y sancionados de otras formas, como es el caso de la inasistencia alimentaria, el daño en bien ajeno o la expedición de cheques sin fondos, entre otros. Una propuesta realizada con la ayuda del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura.
Si bien esto es una contribución para enderezar la política criminal del país, se trata de medidas que se verán a mediano y largo plazo. Por ahora la única salida viable que existe para evitar que en dos semanas miles de delincuentes salgan de prisión parece ser que nuevamente el gobierno y el Congreso expidan una nueva ley que, otra vez, prorrogue esta inminente ola de excarcelaciones. De no hacerlo, serán los ciudadanos de todo el país quienes sufran las consecuencias.
