El Tribunal Administrativo de Quindío falló a favor de la Procuraduría una acción popular y ordenó a autoridades nacionales y locales iniciar acciones inmediatas en el municipio de Pijao.
Para el tribunal el riesgo de deslizamientos y avalanchas es una amenaza a los derechos colectivos al equilibrio ecológico en el municipio de Pijao, por lo que le ordena a la alcaldía de esa localidad, a la gobernación del Quindío, la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ-, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, a los ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “la ejecución coordinada de proyectos tendientes a profundizar en el conocimiento de la vulnerabilidad y amenaza del riesgo que se detectó en la acción popular, reducción de los mismos y manejo de una eventual calamidad o desastre…”
En contexto: Procuraduría interpone acción popular ante riesgo de avalancha en Pijao
Así mismo, ordenó se «planifiquen, ejecuten y financien las obras y proyectos que fuesen técnicamente necesarios y suficientes para evitar o reducir las probabilidades de desastre sobre la población del municipio”.
«En caso de que los estudios realizados indiquen la necesidad de reubicación total o parcial del municipio de Pijao, las autoridades deberán ejecutar las obras que de manera urgente sean necesarias para minimizar el riesgo, mientras se consuma el proceso de reubicación de la población, que también será planeado y ejecutado por los entes aquí accionados y en plena y previa concertación con la población del municipio de PIjao. Para tal efecto, se establecerá un cronograma de acción y ejecución”, explica el fallo
Igualmente solicita a la CRQ y al municipio de Pijao dar continuidad a las acciones de reforestación sobre las zonas aledañas al cauce del río Lejos, iniciadas hace varios meses.
A la administración local le exhorta también sensibilizar e informar a la población sobre la amenaza que tiene el municipio, y actualizar el Esquema de Ordenamiento Territorial, con la inclusión del componente de gestión del riesgo.
Se debe también crear una mesa técnica permanente que tendría poder decisorio para comprometer administrativa, contractual y presupuestalmente las entidades que representen.
Con información: elquindiano.com
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