La Fiscalía General de la Nación solicitará medida de aseguramiento e imputación de cargos, por presuntos delitos de corrupción, contra los alcaldes de Armenia, José Manuel Ríos Morales; y Calarcá, Luis Alberto Balsero Contreras.
De acuerdo con el ente investigador, las investigaciones contra estos mandatarios quindianos hacen parte de un trabajo adelantado en todo el país, por el cual se pedirán medidas de aseguramiento contra 10 burgomaestres por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado.
En contexto: Alcalde de Calarcá y varios funcionarios suspendidos por posible corrupción
En total en Colombia se verificaron más de 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, con 189 acciones investigativas y 393 inspecciones. Además se cumplieron 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos.
En este momento, hay 68 indagaciones abiertas y se hicieron 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
La investigación
Dentro del material probatorio contra José Manuel Ríos se encuentran irregularidades en el contrato con la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales, por un valor de 350 millones de pesos. La citada empresa habría donado dinero a la campaña política del alcalde.
En la capital quindiana además habría 4 personas más investigadas y las cuales serían imputadas, entre las que están la directora Administrativa Gabriela Valencia Vásquez, y el representante legal de la empresa contratista de Armenia, Hernando Pérez Bedoya.
Entre tanto en Calarcá, el material probatorio está constituido por el contrato en el que presuntamente aparece la firma falsificadas de un empresario. Por este hecho será imputado también el secretario Administrativo de la alcaldía, José Winser Garzón Tobaria, además del mandatario Balsero Contreras.
Además al suspendido alcalde calarqueño la Procuraduría le abrirá otra investigación por el contrato de vigilancia entregado de manera irregular por contratación directa, aprovechando la urgencia manifiesta, cuando debía hacerse por licitación.
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