La Universidad del Quindío elegirá el próximo mes, como cada cuatro años, el encargado de tomar las riendas administrativas y académicas de la institución. Sin embargo, lo que debería ser un proceso democrático caracterizado por el alto nivel en el debate académico, de las diversas concepciones que se tienen sobre la función de la institución en la sociedad, las diversas tendencias pedagógicas, y las posiciones sobre la política educativa nacional, se ha traducido en formas a menudo vergonzosas derivadas directamente de la ley 30 de 1992 donde se establece la autonomía como principio máxime del funcionamiento de las IES, sin embargo, la misma viola abiertamente este precepto al establecer asuntos como la forma en que se eligen los rectores en las universidades, desembocando entonces en procesos permeados por el clientelismo, el tráfico de influencias y la corrupción.
En este sentido, las elecciones para el máximo cargo administrativo, se desarrollan a partir de una forma recortada de democracia, donde los votos en el Consejo Superior, son los que determinan los resultados y las formas que toman las campañas de los candidatos rectorales, que a menudo le han costado a la institución el sometimiento del desarrollo normal de la misma, a los vaivenes de la política educativa nacional imperante, a su vez, dictaminada por las “recomendaciones” de los organismos multilaterales, con administraciones que no se oponen en un ápice, a las malas políticas nacionales, por mas daño que éstas le hagan a la institución.
Prueba de ello, es la resolución de las licenciaturas que obligó al cierre de 4 programas al interior de la institución (entre ellas, la licenciatura en educación física y deportes) sin una sola objeción por parte del rector de la institución, aplicando reformas a rajatabla, y cautivando la delegación del gobierno central, que cuenta con el 22% de los votos totales del cuerpo colegiado.
Otro ejemplo ilustrativo es la firma del actual rector, quien en palabras propias afirma no haber dudado un segundo, en aprobar unos acuerdos con el gobierno de Iván Duque, a espaldas de los estudiantes que seguíamos movilizándonos por mejores condiciones para las IES públicas.
El otro 78% de los votos en el cuerpo colegiado sostiene por su parte, una situación particular donde sin ningún reparo candidatos a rectoría desde su posición, promueven candidaturas con el fin de conformar un Consejo Superior a la medida. Esto, naturalmente no tendría problema, si la forma en que se hiciera no estuviera directamente relacionada con el manejo de puestos burocráticos y favores políticos, que a su vez, ponen en peligro las finanzas de la institución, además de ahondar en el proceso de mercantilización de la educación, y en la visión de la misma como un negocio.
Ésta pues, fue la manera como se desarrolló el anterior proceso en que se definían los ocupantes de las sillas en el Consejo Superior, mismo que fue violentado de múltiples formas por parte de la administración actual, aprovechándose de su posición, y de la institucionalidad (a través de grupos de bienestar, directores de programa y todos los medios de los que disponía la institución) para favorecer candidaturas particulares.
Situación similar a la de la suspendida Claudia Ortiz Rodríguez, actual directora de la Agencia de desarrollo Rural. Esta forma de actuar, reprochable por demás y herencia de las formas politiqueras tradicionales, no ha de sorprender, será ejecutada en el actual proceso, en el que se espera reelegir el actual rector de la institución, con su grupo de candidatos a decanaturas y direcciones de programa.
De allí pues, la necesidad que tiene la institución de una administración transparente, que deponga los intereses particulares por sobre los intereses generales, de los estamentos estudiantil, profesoral y de trabajadores, que no es otro diferente, al de poner una universidad al servicio del desarrollo de la nación, donde prime el debate académico y científico. Así mismo, es necesario que lo sectores democráticos sigamos ganando conciencias, y que el estudiantado, el profesorado y los trabajadores en conjunto, acojan la premisa de las elecciones como un asunto de principios.
Coletilla: Durante el proceso de movilización en el año 2018, los estudiantes construimos de manera conjunta un pliego de peticiones, donde se plantea la necesidad de reformas en el cobro de la matricula, además de otra serie de aspectos y necesidades que se presentan en el interior de la institución, entre ellas, la tan anhelada reforma del estatuto electoral que permita la democracia en la Universidad del Quindío.
