Un fallo del Tribunal Administrativo del Quindío -TAQ- ordenó al gobernador de turno que ejerza la tutoría y representación de los derechos del río Quindío a través de la secretaría de Aguas e Infraestructura.
De igual manera, se ordena garantizar la protección, recuperación y debida conservación del afluente hídrico, y velar por la debida operación y funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, así como conceder el amparo de los derechos colectivos de la población de Armenia y disponer la recuperación del área forestal protectora que se encuentra intervenida.
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El fallo se da luego de que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Armenia presentaran acción popular debido a la contaminación por vertimientos que presenta el río Quindío.
Los entes de control presentaron una acción popular contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Corporación Autónoma Regional de Quindío, los municipios de Armenia y Salento, y la Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural El Rosario, de la vereda Boquía.
“Para las entidades no se logra abarcar con la infraestructura existente todas las necesidades que garanticen la protección del río como fuente abastecedora de agua potable de Armenia, sin que se haya minimizado el impacto de los vertimientos aguas arriba de la bocatoma que surte de líquido vital a los ciudadanos, amenazando con una emergencia sanitaria como se ha evidenciado con las constantes suspensiones por parte de Empresas Públicas de Armenia”, expresó la Procuraduría.
El fallo además insta a conformar un Comité Técnico de Verificación, del cual hará parte el TAQ y que será dirigido por el Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría y Personería), que deberá rendir informe mensual sobre el avance de lo ordenado hasta la finalización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- de la vereda Boquía de Salento.
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