El Consejo de Estado rechazó la impugnación que el Ministerio de Minas y Energía instauró contra el Tribunal Administrativo del Quindío -TAQ- que le dio vía libre a la consulta del municipio de Córdoba.
La impugnación fue rechazada por haberse realizado de manera extemporánea, aunque según los promotores de la consulta, estaban seguros de que el fallo sería a su favor, pues el MinMinas pretendía en su alegato defender los derechos de los mineros artesanales, «los mismos de los que no se tiene registro en Córdoba y que en todo el país el Ministerio ha perseguido, judicializado y encarcelado porque los ha declarado ilegales», expresó Carlos Andrés Gómez, vocero del comité promotor por el ‘No’, según cita el diario La Crónica del Quindío
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Gómez indicó además que se preparan para pronunciarse frente a la negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil con relación a la solicitud de inclusión de la consulta popular minera de Córdoba en las elecciones del próximo 11 de marzo.
«Uno de los argumentos fuertes es que nosotros estamos acudiendo en el principio de austeridad, toda vez que un poco más de $32 millones costaría nuestra consulta popular de hacerse de manera autónoma y ese costo se reduciría a menos de $1 millón si se realiza en las elecciones a Congreso, porque consideramos que sería solo el costo de la impresión de tarjetones, ya que la logística del 11 de marzo está garantizada. En ese sentido la respuesta de la Registraduría es que se abstiene de autorizar hacerla ese día porque no se han pronunciado sobre a quién le tocaría asumir los $32 millones, cosa que es absurda”, agregó al mencionado medio.
Por último señaló que ahora siguen esperando el resultado del proceso a la tutela que se presentó en contra del ministerio de Hacienda y la Registraduría Nacional, que también se encuentra en fase de impugnación. “Yo creería que estamos prontos a que se resuelva”.
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