La Procuraduría General de la Nación explicó que el mandatario violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Ley 80 de 1993, al suscribir de manera irregular contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión con un hermano del contralor departamental de la época.
Jemay Adolfo Arias fue alcalde en el periodo 2012 – 2015 y en mayo de su primer año de mandato contrató la realización de un censo detallado en donde se identificara a cada miembro del ancianato ‘Centro Vida Gonzalo García’ de Circasia. Dicho contrato, por valor de 3 millones de pesos fue entregado a Javier Alonso Pineda Patiño, hermano de Jorge Enrique Pineda Patiño, que se desempeñaba como contralor departamental.
Javier Alonso Pineda Patiño se encontraba inhabilitado para celebrar contratos con cualquier municipio quindiano por encontrarse en segundo grado de consanguinidad con quien ejercía el control fiscal a la entidad territorial.
La Procuraduría calificó la falta disciplinaria como gravísima a título de culpa gravísima. Contra esta decisión de primera instancia proferida procede recurso de apelación.
