Los diputados, Mariluz Ospina García, Néstor Jaime Cárdenas Jiménez y Luis Alberto Rincón Quintero y los ex diputados, Luz Mery Bedoya de López, Margarita María Ramírez Tafur, así como la ex secretaria de la asamblea del Quindío, Mariet Vanegas, fueron dejados en libertad, tras la decisión de este lunes 30 de octubre de 2017, de la jueza quien argumentó que la Fiscalía cometió errores garrafales, al no lograr probar que las medidas no privativas de la libertad fueran insuficientes.
Pese a que se reúnen los requisitos para imponer la medida de aseguramiento de detención privativa de la libertad solicitada por la Fiscalía, como son que la actuación de todos los investigados es supremamente grave y que solo retirando de la comunidad a estas personas se puede garantizar la protección de la sociedad, por cuanto se está frente a un concurso de conductas punibles ya que 4 veces se cometió el mismo delito, la jueza decidió que el error de la Fiscalía era suficiente para dejarlos libres.
A los acusados se les impuso entonces vigilancia permanente por parte de la policía, la obligación de presentarse cada 15 días ante la Coordinación del Centro de Servicios Judiciales, la observancia de buena conducta, la cual debe ser constatada por la Fiscalía, prohibición de salir del país, así como el pago de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los que están en ejercicio y 10 salarios para los que no lo están.
La investigación
El proceso penal contra estas personas fue abierto tras la aprobación de 4 proyectos de ordenanza en noviembre de 2015, con los cuales los miembros de la asamblea departamental pretendieron que el departamento se quedara sin recursos, entregándolos a los municipios y a la EPQ, en una maniobra que buscaba que el gobernador Carlos Eduardo Osorio, acabado de elegir, se quedara sin margen de maniobrabilidad para gobernar, y que los alcaldes de la misma cuerda política de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado, tuvieran todo el control sobre las arcas del departamento.
Estas ordenanzas han sido paulatinamente anuladas por diferentes entes de control tras ser declaradas contrarias a la ley.
