El Fiscal General de la Nación cada vez más enlodado en caso Odebrecht, tras muerte de Pizano

La muerte Jorge Enrique Pizano, testigo estrella en el caso Odebrecht, y la de su hijo dos días después, envenenado con cianuro, hizo resonar en todo el país los señalamientos que personajes como el senador como Jorge Enrique Robledo y periodistas como Maria Jimena Duzán y Daniel Coronel, venían haciendo en contra del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Robledo, senador del Polo Democrático Alternativo, había acusado por corrupción hace más de dos años al fiscal Martínez en el entramado de Odebrecht. Así mismo lo hicieron los periodistas Duzán y Coronel a través de sus columnas en la revista Semana. Ninguna autoridad judicial les prestó la suficiente atención.

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Eso cambió con la muerte de Pizano, quien había entregado comprometedores audios a Noticias Uno en su búsqueda por limpiar su propio nombre y hacer conocer al país la verdad sobre lo que sucedía en la Fiscalía. Como testigo del gigantesco escándalo de corrupción de Odebrecht, Pizano temía por su vida y estaba buscando salir del país. La muerte lo sorprendió antes de lograrlo y dos días después su hijo menor, Alejandro Pizano, también murió al tomar una botella de agua que se encontraba en el estudio de su padre y que según la investigación, contenía cianuro.

Las muertes de los Pizano son investigadas minuciosamente y tienen en el ojo del huracán a Néstor Humberto Martínez, pues todos los audios entregados a Noticias Uno lo incriminan como autoridad que conocía lo que estaba pasando con Odebrecht y no hizo nada para investigar a los responsables de este soberbio caso de corrupción en el que están involucrados varios políticos y empresarios amigos cercanos del fiscal.

De ahí que las voces que piden la renuncia del Fiscal se hayan multiplicado, pero extrañamente y a pesar de las sospechas, el presidente Iván Duque ha decidido respaldarlo, de la misma forma que respaldó al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aunque esté también involucrado en el caso de los bonos de agua, con los que 117 municipios colombianos resultaron robados en sus presupuestos.