La Procuraduría abrió indagación preliminar en contra del secretario del Interior del Quindío, Héctor Alberto Marín Ríos, por presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo entre la gobernación del Quindío y la Empresa para Seguridad Urbana -ESU-.
El convenio motivo de la investigación, tenía como objetivo la adquisición e instalación de Cámaras de Seguridad y la adecuación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad -Sies- en los municipios de Montenegro, Calarcá, La Tebaida, Quimbaya y Circasia.
En contexto: Montenegro, Calarcá, Quimbaya, La Tebaida y Circasia recibieron nuevas cámaras de seguridad
De acuerdo con el denunciante, el excandidato al Senado de la República Jaime Alberto Martínez Vélez, el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, a través de dicho convenio, lograron adjudicarle, sin hacer licitación pública, al señor Hernán Moreno Pérez, presidente de la empresa Furel S.A., quien fue nombrado por el fiscal General de la Nación como parte del carrusel de la contratación en el proyecto de valorización en Armenia.
Según la denuncia el gobernador adjudicó el convenio por más de 2 mil millones de pesos a la ESU, porque según la gobernación, esta empresa tiene la capacidad logística, técnica y administrativa para cumplir el objeto contractual. La empresa se queda entonces con cerca de 200 millones de pesos que le corresponden como contratista, pero según la denuncia, le entrega a Moreno Pérez la realización de todo el contrato. «Desde ningún punto de vista se justifica el pago de recursos públicos de los quindianos a una empresa que lo que hace es adjudicarle, mediante una solicitud privada de oferta, el contrato con el mismo objeto al señor Moreno Pérez”, ratifica Martínez Vélez en su alegato.
Es así como el procurador regional Diego Trujillo, asumió la denuncia solamente contra el secretario del Interior Héctor Marín, por lo que ya se dio apertura a la indagación preliminar, mientras que en el caso del gobernador, se dio traslado del caso a la delegada de contratación en Bogotá para que actúe al respecto.
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