Ratifican condena contra el quindiano Bernardo Moreno por caso de ‘Chuzadas’ durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó este martes 20 de mayo la condena de 8 años de prisión contra el quindiano Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia -Dapre-, por su responsabilidad en las interceptaciones ilegales, conocidas como las ‘chuzadas’ del DAS.
La sentencia también fue ratificada para María del Pilar Hurtado, exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- que está condenada a 14 años de cárcel (aunque está en libertad condicional).
Con esta decisión, el alto tribunal cerró definitivamente cualquier posibilidad de que los exfuncionarios logren modificar o anular la condena impuesta desde el año 2015, que los responsabiliza por su participación en una estructura criminal encargada de espiar de manera ilegal a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
La Corte Suprema ratificó la responsabilidad de Hurtado y Moreno en los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público.
Ambos exfuncionarios habían solicitado que se anulara el proceso, especialmente por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, sin embargo, la Sala Penal rechazó el recurso de impugnación especial presentado, con lo cual queda en firme la sentencia.
El 28 de abril de 2015, la Sala de Casación Penal de la Corte condenó a Moreno y Hurtado tras determinar su participación en una red de seguimiento e interceptaciones ilegales desde el DAS.
En su momento, se comprobó que esta estructura no solo espiaba sin orden judicial, sino que también elaboraba informes para deslegitimar a las víctimas ante la opinión pública.
En la sentencia se señala que, desde el año 2006, bajo la dirección de Andrés Peñate Giraldo en el DAS, se diseñó y ejecutó un plan de actividades de inteligencia orientado a recolectar información sobre las Altas Cortes, así como sobre algunos congresistas y periodistas.
Desde ese momento, se inició la vigilancia a las actividades públicas de Piedad Córdoba, el monitoreo de las intervenciones políticas de Gustavo Petro Urrego, y se ordenó la infiltración de agentes en la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, la Sala Penal determinó que en el año 2007, cuando María del Pilar Hurtado asumió la dirección del DAS y Bernardo Moreno ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia, se reafirmó ese plan en una reunión celebrada en el Club Metropolitan de Bogotá.
A partir de entonces, se mantuvieron las actividades de vigilancia ilegal y la recopilación de información clasificada.
Con esta ratificación de condena, se reafirma el papel de los dos altos exfuncionarios en uno de los escándalos más graves de violación a la privacidad y abuso de poder en la historia reciente del país.
