El cadáver del vigilante del edificio Equus 66, donde fue hallada muerta la pequeña Yuliana Samboní, fue encontrado este viernes 9 de diciembre con cortes en las muñecas y el cuello. Junto a su cadáver había una carta que aparentemente habría escrito él mismo.
El cuerpo de Fernando Merchán Murillo, de 58 años, fue hallado en el interior de su vivienda, en el conjunto residencial ‘Jardines de Castilla’, en el barrio El Tintal, en el suroeste de Bogotá, confirmó la Policía.
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Según las primeras informaciones, junto al cadáver había una carta en la que se leía: «Soy inocente, pero no quiero volver a la cárcel”.
Merchán Murillo era vigilante del mencionado edificio donde se presume que el arquitecto Rafael Uribe Noguera torturó, abuso y asesinó a la niña de ascendencia indígena Yuliana Andrea Samboní, caso que ha despertado el repudio de los colombianos y por el cual el mismo vigilante sería llamado a testificar por la Fiscalía.
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La niña fue mordida por alguien más aparte de Rafael Uribe Noguera
El informe forense presentado tras la necropsia al cuerpo de Yuliana dice que se encontraron dos registros dentales distintos en las mordidas a la niña.
Esta evidencia hace pensar que una segunda persona participó en el crimen de la niña ocurrido el pasado domingo 4 de diciembre.
“Esto significaría que Rafael y alguien más, que podría ser alguno de sus hermanos o un tercero que no conocemos, atacó a la niña también”, asegura el columnista del diario La República Jorge Hernán Peláez en su columna que llamó ‘Ni por un millón de dólares’.
Por el hecho, Rafael Uribe Noguera fue capturado, y sus 2 hermanos, Catalina y Francisco, este último un reconocido abogado de la firma Brigard & Urrutia, serán interrogados por presuntamente haber manipulado la escena del crimen y el cadáver de la niña para eliminar evidencia. Los hermanos emitieron un comunicado en el que también se declaraban víctimas.
Peláez dice que los hermanos Uribe Noguera planearon la estrategia jurídica al lado del cadáver de la niña Yuliana, llamaron a varios reconocidos abogados como Jaime Granados, Francisco Bernate, Iván Cancino y otros penalistas, que rechazaron el caso. Francisco habría llegado a ofrecer hasta un millón de dólares por la defensa en reuniones con al menos 2 de estos superabogados, cuya defensa debía buscar que lo recluyeran en un centro siquiátrico o casa por cárcel, para alegar probablemente inimputabilidad por su estado mental.
Agrega el columnista que la supuesta sobredosis de droga y alcohol por la que Rafael intentó ser internado en la clínica siquiátrica Monserrat, y que provocó una falla cardíaca, fue parte de la estrategia de defensa, pero todo se les salió de las manos cuando Rafael fue rechazado en la Monserrat y remitido a la Clínica Navarra, y fueron haciéndose públicas más evidencias, que plantearon muchos interrogantes.
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