Tras conocerse el fallo de segunda instancia en el que el Consejo de Estado negó la tutela en la que se pretendía hacer frente a la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío -TAQ- que en su momento negó las pretensiones del proyecto de acuerdo que buscaba proteger el patrimonio cultural, ambiental y cafetero de Salento, de acciones mineras; la alcaldesa de la municipalidad y los exconcejales que lideraron la iniciativa, aseguraron que trabajarán por blindar la localidad de la actividad minera.
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“Vamos a llevar el tema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se nos está vulnerando el derecho a la autonomía, teníamos una consulta popular, la cual no se pudo dar porque la negaron a nivel nacional, ahora el acuerdo municipal, concertado con la comunidad, fue negado por el Consejo de Estado”, Explicó Orfa Liliana Correa, una de las exconcejales que lidera el proceso, según cita el diario La Crónica del Quindío.
Para los salentinos, el tema debe abordarse desde la protección ambiental y no desde el aspecto del subsuelo, espacio sobre el que, según las leyes colombianas, ningún ente territorial tiene autoridad.
Entre tanto y mientras avanza este nuevo litigio, el municipio, cuna del árbol nacional y fuente de agua de casi el 60% de la población quindiana, se encuentra desprotegido frente a la actividad minera, pues los fallos del Consejo de Estado permiten la explotación de minerales y piedras preciosas en el territorio.
