Indignación ha causado entre los montenegrinos la reciente noticia publicada en varios medios de comunicación regionales en la que se muestra la captura y condena del señor José Édison Torres, como si se tratara de un gran logro de la justicia. El ciudadano fue sentenciado a pagar 36 meses de prisión, por haber sido sorprendido en 2012 con 82 copias ilegales de discos compactos que pretendía vender para ganarse la vida.
Don José Edison es conocido en Montenegro por rebuscarse su sustento en ventas informales y entre la ciudadanía se entiende que cometió un delito por piratería, pero lo que no se entiende es su condena y su presentación ante los medios, por parte del CTI de la Fiscalía, como si se tratara de una importante captura del más temido delincuente. En el boletín de prensa donde informaron de esta detención, incluso explicaron que contaron con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército para el arresto. No comprenden los montenegrinos cómo se dispone de la operatividad de tres instituciones para la captura de un humilde vendedor ambulante.
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Se preguntan hoy en las calles del municipio: ¿Por qué en lugar de aprehender a los vendedores, no se dispone de los recursos para hacer inteligencia a las grandes mafias que graban y distribuyen los cd’s piratas? ¿Por qué no se busca a los cabecillas que no van por la calle con 82 cd´s, sino que expenden al por mayor millones de estos productos?
El caso además hizo recordar lo que para muchos ha sido una burla a la justicia y a la familia del joven Santiago Ramírez Silva, quien murió arrollado en su moto el pasado 9 de julio de 2017, por un conductor borracho, que además intentó huir del lugar del suceso. Aquel conductor, identificado como Gabriel Antonio Peláez Marín, que conducía una camioneta marca Toyota Fortuner, recibió el beneficio de prisión domiciliaria mientras se adelanta el proceso investigativo.
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Un juez determinó que el sindicado no representa peligro para la sociedad, aún cuando irresponsablemente manejaba ebrio su automotor y causó la muerte a un joven de 18 años de edad, en el puente sobre el río Espejo en la vía que de Montenegro conduce a Armenia.
El fatal accidente motivó una sentida movilización el pasado 21 de julio, en la que centenares de personas marcharon desde el lugar del suceso hasta el palacio de Justicia en Armenia para exigir precisamente justicia, pero hasta ahora no ha cambiado nada en la situación de quien es señalado culpable.
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Una mala señal se da a la ciudadanía de a pie cuando se muestra a un trabajador informal capturado y condenado, mientras a ningún medio se ha enviado boletines sobre el avance de la investigación en el caso de la muerte de Santiago y cuyo sindicado hoy, como lo expresó la mamá del joven muerto, «sigue pasando el guayabo en su casa como si poco hubiera pasado».
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