Un aproximado de 250 personas saldrían de las cárceles, permanencias y centros de reclusión transitoria del Quindío, para pagar sus penas en sus casas, luego de la publicación del decreto 546 de 2020, con el que se permite a internos de centros penitenciarios en condición de vulnerabilidad o alto riesgo de contagio de Covid-19, gozar del beneficio de casa por cárcel.
En el departamento hay cerca de 1.500 reclusos y reclusas en las tres cárceles existentes. Cada caso será revisado por los tres Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, ubicados en el municipio de Calarcá, para verificar quienes podrán recibir el beneficio.
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Los presos que no podrán aprovechar esta medida son aquellos que cometieron delitos de narcotráfico, corrupción, feminicidio, homicidio, terrorismo y diversos delitos en contra de menores de edad y de lesa humanidad.
El decreto también cobijará a las personas recluidas en centros transitorios y permanencias en los municipios y en algunos CAI de la capital quindiana. Para ello se revisarán también minuciosamente cada uno de los casos.
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