100 millones habría recibido exconcejal de Armenia para apoyar la valorización

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El El exconcejal de Armenia, Diego Fernando Fernández Morales, de acuerdo con la investigación hecha por la Fiscalía, le habría solicitado 200 millones de pesos a Fernando León Diez Cardona, uno de los contratistas a quien le fueron adjudicadas las obras de valorización.

Según el ente judicial, el dinero supuestamente sería repartido entre él y otros concejales, con el fin de no oponerse desde la corporación, al proyecto de valorización propuesto por la alcaldesa Luz Piedad Valencia.

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Tras las negociaciones, Fernández Morales habría recibido 100 millones de pesos. Así, se presume que empezó a respaldar las citadas obras, de las cuales, antes era opositor.

El exedil fue llamado por la justicia en tres ocasiones distintas, para audiencia de formulación de cargos, y en ninguna se presentó, razón por la que un juez de la República lo declaró en contumacia (Que mantiene un comportamiento contra la ley o la moral, a pesar de advertencias o castigos).

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Fue así como la Fiscalía logró la judicialización del político por el delito de concusión (Exigencia económica hecha por un funcionario público en provecho propio).

Diego Fernándo Fernandez Morales, es hijo del exconcejal Luis Fernando Fernández Molina, condenado a 35 meses de prisión en 2019, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación; y además es hermano del actual concejal de Armenia Cristian Camilo Fernández Morales.

 

Otras acciones delictivas de Fernández Morales

Según la Fiscalía, se conoció durante el proceso que el entonces concejal al parecer ofreció sus servicios a Diez Cardona, con el fin de asesorarlo poniendo a su disposición un grupo de ingenieros que le señalaran sus fallas y no se evidenciaran las actividades ilícitas que se estaban presentado.

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Es de recordar que el contratista Diez Cardona fue condenado en julio de 2018, como responsable del delito de falsedad ideológica en documento público, en el marco de la investigación que le adelantó el ente acusador por las irregularidades en la adjudicación de las obras de valorización.

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