Tras un intenso debate, la Comisión Primera de la Cámara le dijo no a la iniciativa que buscaba prohibir que parejas del mismo sexo y personas solteras pudieran adoptar. Fueron 20 votos por el no y 12 por el sí.
Según la senadora Viviane Morales, promotora del ‘discriminatorio’ referendo, la decisión será apelada ante la plenaria de la Cámara y se convocará a un plantón de protesta.
“La adopción de niños por personas con orientación sexual diversa, en general, y por parejas del mismo sexo, en particular, no afecta por sí misma el interés superior del menor ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo integral”, argumentó el magistrado Jorge Iván Palacio, ponente de la iniciativa que el 4 de noviembre de 2015 le permitió a los gay adoptar niños. Esa postura fue defendida este miércoles 11 de mayo de 2017 en el debate que hundió el referendo que pretendía que la denominada tiranía de las mayorías aplastara a las minorías homosexuales del país.
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Solo el urbismo del Centro Democrático votó en pleno positivamente al referendo, mientras que la Alianza Verde y el Polo Democrático votaron en pleno para que se hundiera la iniciativa. Partidos como La U, Liberales (al que pertenece la senadora que impulsa la iniciativa), conservadores y Cambio Radical, dividieron sus votos, aunque la mayoría votó en contra de esta propuesta.
Viviane Morales, apoyada por su esposo, el exguerillero del M-19 y ahora pastor cristiano, Carlos Alonso Lucio, recibió el voto favorable de los congresistas Miguel Ángel Pinto y Silvio Carrasquilla (liberal); Humphrey Roa (conservador); Carlos Abraham Jiménez y Jorge Enrique Rozo (Cambio Radical); Carlos Edward Osorio (la U); María Fernanda Cabal, Samuel Hoyos, Álvaro Hernán Prada, Edward Rodríguez y Santiago Valencia (Centro Democrático), y Fernando de La Peña (Opción Ciudadana).
Rodrigo Lara, (Cambio Radical), y Jaime Buenahora, (la U), no asistieron al debate, mientras que Heriberto Sanabria (Conservador) se salió a la hora de la votación.
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Desde que arrancó la discusión era predecible que la iniciativa tomaría un rumbo muy distinto al que adoptó el Senado, que sí la avaló. Comenzando por la postura de la Procuraduría, que, con un aire muy distinto al que siempre mostró Alejandro Ordóñez cuando fue su jefe, hizo una defensa férrea de las parejas homoparentales. “El concepto de familia no lo pueden modificar las mayorías. Decirles a una mujer soltera, a un hombre soltero o a un viudo que no pueden adoptar es desconocer su opción de vida y el derecho que tienen de no generar un vínculo con una pareja, pero sí de conformar una familia”, señaló la delegada del Ministerio Público, Ángela Patricia Téllez.
Y las cifras no mienten. El reporte más reciente, entregado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, da cuenta de que, entre 2008 y 2016, 172.333 menores fueron declarados en situación de vulneración de derechos. A pesar de ello, de los ocho casos registrados de parejas del mismo sexo que han intentado adoptar, ninguno ha prosperado. “El referendo puesto a consideración no pasa el test de igualdad”, dijo Paula Robledo, delegada por la Defensoría del Pueblo. Palabras a las que se sumó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que previamente había hecho pública la postura del Gobierno, al advertir sobre la presunta inconstitucionalidad del referendo que, en caso de haber logrado la votación mayoritaria, habría ido a examen en la Corte Constitucional. “Este no es un debate religioso, moral o ético. Es un debate en donde tenemos que poner sobre la balanza conceptos como el de la democracia representativa frente a la participativa y el concepto de los derechos de las minorías”, argumentó el jefe de la cartera política.
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Angélica Lozano, congresista de los verdes, le reprochó a Viviane Morales que durante su etapa como Fiscal General de la Nación, hubiera pedido hundir el referendo de Gilma Jiménez que pedia cadena perpetua para violadores de niños, y ahora pretendiera fungir como la defensora de los derechos de los menores de edad con un referendo que lo que busca es discriminar a las personas por su estado civil o su orientación sexual.
Así las cosas y según la Ley Quinta, que rige a los congresistas, existe el recurso de apelación cuando un proyecto es negado o archivado, al cual, anunció Carlos Alonso Lucio, recurrirán. La norma dice que el autor de la iniciativa, el vocero de sus proponentes e incluso cualquier integrante de la Comisión Primera podrán apelar la decisión ante la Plenaria. Para eso se crearía una comisión accidental que entregará un informe y, por mayoría, se decidirá si acoge o rechaza tal apelación. Si la acoge, el proyecto será estudiado por otra célula legislativa, distinta a la que le dijo no. Sin duda, ese es el único salvavidas que le queda a Viviane Morales para reivindicar su causa.
Con información de elespectador.com
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