La Procuraduría solicitó al Alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales suspender el contrato de alimentos por 300 millones de pesos, para beneficiar a sus funcionarios, durante la emergencia por el Covid-19 en la capital quindana y alimentarlos durante los recorridos para atender a la comunidad de la ciudad.
El contrato en cuestión es el 03 del 3 de abril de 2020 concedido al restaurante ‘Guitar & Coffee’, para el “Suministro de servicios logísticos, operativo y asistenciales que requiere el personal administrativo, fuerza pública, organismos de control o voluntariado, que apoyan la gestión del municipio de Armenia para atender la emergencia generada por el coronavirus…»
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Según el ente de control se habrían encontrado varias irregularidades en el proceso de adjudicación, teniendo en cuenta que otros ofertantes cotizaron todos los items con precios más favorables para las arcas del municipio.
Según el portal periodismoinvestigativo.com, son 503 servidores públicos de la alcaldía que contarían con este servicio a cargo del municipio relacionados de la siguiente manera: 20 del despacho del alcalde, 140 de Desarrollo Social, 28 de Salud, 28 de Hacienda, 10 del DAFI, 20 de DABS, 57 de tránsito y 200 de Gobierno.
La Procuraduría solicita aclaración sobre este tipo de ayudas y con cargo al municipio, pues, el ente de control no ha sugerido ni requerido este tipo de actuaciones, pues llama la atención que en el contrato no se aclara cuales miembros del ejército y fuerza pública serían los potenciales beneficiarios con estos alimentos.
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Además hay inquietud sobre la real existencia de la necesidad en el marco de la emergencia, a esto se agrega que el contrato se suscribió el 3 de abril de 2020, es decir 17 días después de la declaratoria de emergencia y a esto se agrega que en dicha contratación se hace una compra de diferentes categorías de refrigerios, unos con más cantidad, presentación y elementos que los otros.
Se conoció que la administración municipal pagaría $9.700 por refrigerios sencillos, $13.867 por refrigerios especiales, $15.233 por almuerzos ejecutivos, $25.633 por almuerzos especiales, $15.733 por cenas ejecutivas, y $26.800 por cenas especiales.
La Procuraduría solicita que se explique por qué se requieren diferenciales en los alimentos, unos más costosos y menús con especificaciones diferentes para las diferentes categorías de servidores, algunos denominados con alguna suntuosidad como los almuerzos y cenas especiales, esto desde la óptica del principio de economía y la orientación del gasto público en relación con la pandemia.
