La exdirectora de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia -Corpocultura- Diana Marcela Rodríguez Herrera, y el exsecretario de Cultura del Quindío, Luis Fernando Echeverri Parra, fueron imputados por la Fiscalía por sendas actuaciones irregulares en sus cargos.
Caso de la exdirectora de Corpocultura
Diana Marcela Rodríguez es señalada como presunta responsable de incurrir en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, por suscribir 3 contratos de prestación de servicios profesionales con entidades sin ánimo de lucro en 2020 por un valor total de 68 millones de pesos.
Los contratos fueron fraccionado así: Con la Corporación Orígenes Producción y Cultura, $15 millones; con la Fundación Artística Son Del Timbal, $18 millones; y con la Asociación Oportuna Operaciones, $35 millones.
La contratación con estas entidades sin ánimo de lucro se hizo mediante contratación directa en medio de la emergencia nacional por el Covid-19, situación que iría en contra del Decreto 092 de 2017 que reglamenta la modalidad de contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro, mediante un proceso competitivo y no de contratación directa.
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Caso exsecretario de Cultura del departamento
Luis Fernando Echeverri Parra, exsecretario de Cultura del Quindío para el periodo enero – abril de 2014, fue imputado por los delitos de peculado culposo en concurso heterogéneo con uso de documento falso.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se dieron durante el mandato de la gobernadora Sandra Paola Hurtado, a través del contrato de un contrato de compra de uniformes para dotar las bandas musicales del departamento.
Según revelaciones hechas por el ente acusador, por la secretaría de cultura del Quindío, habría recibido una propuesta de la Fundación Musical Ciudad de Calarcá para que su banda utilizara la dotación en mención.
Fue así como mediante comodato con término de ejecución de cinco años, el departamento del Quindío se comprometió a realizar un préstamo de unos uniformes a la mencionada fundación, pero en esta no recibieron los uniformes porque no cumplían con las condiciones de calidad y de cantidad que requería su grupo musical. Por esta razón no suscribieron el contrato.
Pese a la negativa de la fundación, el contrato siguió su trámite y, presuntamente, se suscribió con la firma de un contratista inexistente, lo que contribuyó a que los uniformes, avaluados en poco más de 6 millones de pesos, se perdieran.
Esta situación fue evidenciada en noviembre de 2018 cuando la Secretaría de Cultura del Quindío inspeccionó la mencionada fundación para verificar el estado de los elementos adquiridos y constató que los mismos nunca habían sido entregados y que la firma del contrato no pertenecía a ese representante legal.
Es de anotar que el exsecretario nunca habría informado que el contrato no se había ejecutado, y que no iban a recibir los uniformes.
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