La Procuraduría General de la Nación citó al gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, a audiencia pública por presuntas irregularidades en la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad -SIES- y la línea de atención 123 por un valor de más de 2.360 millones de pesos.
La audiencia fue fijada para el próximo 3 de septiembre a las 9 de la mañana y junto al mandatario deberán asistir el secretario del Interior para la época en que se realizaron los contratos, Héctor Alberto Marín Ríos, hoy director del Departamento para la Prosperidad Social regional Quindío; además de la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao, y el gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana -ESU-, David Viera Mejía.
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De acuerdo con las investigaciones, en la adjudicación de los contratos presuntamente se evadió el proceso de licitación pública y se habría otorgado, mediante la modalidad de contratación directa, a una empresa que aparentemente no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ejecutarlo, en este caso a la ESU.
ESU no tenía la capacidad para realizar el trabajo para el que se le contrató, por lo que suscribió subcontratos con terceros, convirtiéndose en intermediario, lo que habría incrementado en un 10% los costos de ejecución.
La presunta conducta del gobernador fue calificada por el Ministerio Público como una falta gravísima a título de culpa grave.
