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«Gobernación de Carlos E. Osorio fue la que demandó acuerdo municipal que protegía a Salento de la Megaminería»

Gobernación de Carlos Osorio demandó acuerdo municipal que protegía a Salento de Megaminería

La lamentable noticia conocida hace apenas 4 días en la que el Tribunal Administrativo del Quindío -TAQ- declaró la invalidez del Acuerdo Municipal firmado por el concejo de Salento, en el que se impedía cualquier tipo de actividad asociada con la megaminería, se produjo «gracias a una demanda presentada por la gobernación del Quindío en cabeza del gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá».

Así lo dieron a conocer líderes ambientalistas que trabajan en la organización de la Marcha Carnaval que se adelantará el próximo viernes 7 de junio en Armenia, en defensa del agua, la vida y el territorio.

En contexto: Salento quedó desprotegido frente a la megaminería tras decisión del Tribunal Administrativo del Quindío

Los activistas basan sus acusaciones en el texto de la sentencia proferida por el TAQ el pasado 30 de mayo, en el que se indica: «El Gobernador del Departamento del Quindío presentó escrito solicitando la revisión del 1 del 27 de febrero de 2019, expedido por el Concejo Municipal de Salento, Quindío, formulado como Pretensión:

“… solicito con todo respeto a los Honorables Magistrados declarar la invalidez del Acuerdo No. 001 del 27 de febrero de 2019 “POR EL CUAL SE DICTAN UNAS MEDIDAS PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO ECOLÓGICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SALENTO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”, respecto del acto administrativo expedido por el Honorable Concejo Municipal de Salento, Quindío.” (Fol. 1 a 6).

Dentro de los argumentos que la gobernación alude está que: «…según la Corte Constitucional, la regulación de la explotación de recursos naturales no renovables, tales como aquellos cuya explotación se consigue a través de la minería, no se encuentran dentro del ámbito de dominio de las entidades territoriales, en virtud del principio de la autonomía territorial que se desprende el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, ya que tal principio debe ceder al principio del Estado Unitario».

Frente a este argumento el concejo municipal de Salento explicó en su escrito de defensa del acuerdo, que «Mediante el acto administrativo no se están regulando los usos de suelo ni desconociendo disposiciones de carácter minero como erróneamente lo señala el Departamento del Quindío; por medio del acuerdo en revisión se adoptó una determinación para defender el patrimonio ecológico y cultural de Salento, frente a una actividad altamente generadora de deterioro ambiental y social, como es la minería».

Infortunadamente el TAQ le dio la razón a las pretensiones desde la gobernación y en contra de la voluntad de los salentunos y quindianos en general, y dejó desprotegido este bello territorio ante actividades altamente nocivas para el medio ambiente, la sostenibilidad y el propio turismo.

El temor ante la megaminería en Salento se cierne porque hay datos fehacientes de las intenciones de la multinacional Anglo Gold Ashanti para continuar con su proyecto de explotación de oro, no sólo en Salento, sino en todo el territorio quindiano, lo que podría afectar las fuentes hídricas y el propio Paisaje Cultural Cafetero y el turismo en la región.

Descargue  a continuación los doumentos de admisión de la demanda, la sentencia en contra del acuerdo y la exposición de motivos que llevaron a que se firmara el acuerdo que protegía a Salento de la megaminería:

 

El gobernador se defiende:

Desde la gobernación del Quindío enviaron comunicado de prensa en el que se defienden de las acusaciones hechas por ambientalistas al respecto de este fallo y la responsabilidad del gobernador frente al mismo. Transcribimos el comunicado para el conocimiento público de todos los lectores:

«El gobierno del departamento del Quindío aclara que ni el gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá ni la secretaría Jurídica del departamento tienen competencia para decidir sobre la invalidez o no de los Acuerdos de los concejos municipales. Por tal motivo, la decisión de invalidar o no el Acuerdo Nº 001 del 27 de febrero de 2019, ‘por medio del cual se dictan unas medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Salento y se dictan otras disposiciones’, corresponde al Tribunal Administrativo del Quindío, que el pasado 30 de mayo, en virtud de esa competencia, emitió sentencia invalidando el Acuerdo en mención.

El secretario Jurídico y de Contratación encargado del departamento del Quindío, Víctor Alfonso Vélez Muñoz, explicó que una vez el acuerdo municipal llega a la gobernación del Quindío, como deben llegar todos los acuerdos municipales que se expiden en todos los municipios del departamento, para la revisión de legalidad y constitucionalidad por parte de la secretaría Jurídica, se procede a verificar si las disposiciones que adopta el acuerdo son concordantes con la Ley y la Constitución.

En el caso del Acuerdo del municipio de Salento, y teniendo en cuenta la sentencia de unificación 095 de 2018, de la Corte Constitucional, sobre las facultades de los entes territoriales alrededor de los recursos naturales no renovables, se decidió enviar dicho Acuerdo al Tribunal Administrativo del Quindío para que este alto tribunal decidiera si el acto del concejo municipal de Salento contrariaba a no la Constitución y la ley.

“Eso fue lo que aconteció en este caso, el Tribunal revisó y efectivamente, basado en la sentencia arriba mencionada, emitió su fallo, conocido el pasado viernes, donde invalida el Acuerdo Nº 001 del 27 de febrero de 2019, ‘por medio del cual se dictan unas medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Salento y se dictan otras disposiciones’”.

Lo que hizo la gobernación al enviar el Acuerdo al Tribunal, fue actuar responsablemente, pegado a la ley y la Constitución, porque no es de su fuero decidir si un acuerdo de un concejo municipal se invalida o no.

El gobernador del Quindío reitera su rechazo total a la megaminería en el Quindío, y su compromiso de defensa de la naturaleza y el medio ambiente en nuestro territorio.»                       

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