El presidente Petro denuncia que las EPS “roban” 2,71 billones de pesos y pide investigar lo que considera un delito de lesa humanidad.
En una alocución televisada el pasado martes 15 de julio, el presidente Gustavo Petro aseguró que faltan 2,71 billones de pesos en los recursos transferidos por la Adres a las EPS durante 2024, según un informe de la Contraloría.
Dicha diferencia surge al comparar los 87,89 billones de pesos girados frente a los 85,18 billones reportados como ingresos por estas entidades.
Petro calificó la situación como un “robo de lesa humanidad” y señaló injurias directas hacia dirigentes de EPS, acusándolos de desviar fondos públicos mientras se duermen en ganancias personales.
Además, lamentó que instituciones como la Fiscalía y la Superintendencia no hayan iniciado investigaciones, y urgió a realizar una contabilidad forense completa.
El jefe de Estado sostuvo que las EPS que no han sido intervenidas duplicaron su deuda con clínicas e IPS en solo un año, según cifras del Gobierno y atribuyó gran parte del desequilibrio a aumentos en la Unidad de Pago por Capitación -UPC-, por encima de la inflación, lo que habría dejado “billete para robar”.
Informe de Contraloría evidencia crisis en salud
El documento del órganos de control alerta que, de las 29 Entidades Promotoras de Salud -EPS- que operan actualmente, solo seis cumplen con los requisitos financieros mínimos para operar. Mientras tanto las deudas del sector ascienden a 32,9 billones de pesos.
De acuerdo con el documento oficial desde la Ley 100 de 1993, 128 EPS han sido liquidadas o están en proceso de liquidación. Hoy solo sobreviven 29; y apenas seis tienen solidez financiera, dando cobertura al 11 % de la población.
Las deudas con prestadores de salud y farmacéuticos han crecido sin control, mientras que las solicitudes de tutelas y las PQR aumentaron un 35 % y 23,2 %, respectivamente, entre 2023 y 2024.
El gobierno petrista vs EPS
El petrismo, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha utilizado el informe para reactivar sus críticas a las EPS.
Petro las acusó de desviar fondos públicos hacia el patrimonio de sus dueños, y señaló a las aseguradoras como responsables de la crisis, desestimando que se trate de deuda estatal.
El mandatario propuso una intervención total del sistema si no se aprueba su reforma sanitaria, argumentando que únicamente una supervisión estatal estricta evitaría el “mayor desfalco de dinero a la Nación”.
Entre tanto las EPS respondieron ante los señalamientos del presidente. Por ejemplo Acemi, que agrupa 11 aseguradoras, calificó la postura presidencial de “inconveniente y delirante”, señalando que el problema surge de un “desfinanciamiento sistemático” del Estado y no de actos corruptos.
Keralty, propietaria de Sanitas, anunció acciones legales contra Petro por calificar a su representante como “criminal”, argumentando que estas afirmaciones han “devastado” su reputación.
Por su parte el exministro Alejandro Gaviria denunció que las cifras presentadas eran “mentirosas, opacas e imprecisas”, y que se manejaron datos contradictorios con los registrados por la Superintendencia.
La Contraloría advirtió que, sin cambios estructurales —como una regulación clara de la Unidad de Pago por Capitación -UPC-, mayor trazabilidad financiera y criterios de intervención más rigurosos, el país podría quedar con solo una o dos EPS en dos años, lo que derivaría en un colapso real del sistema.
Este panorama crítico coincide con una preocupación ciudadana creciente: según encuestas de Guarumo, la salud es hoy el principal tema de inquietud de los colombianos.
El informe de la Contraloría no solo confirma la gravedad financiera del sistema de salud en Colombia, sino que también reaviva el fuego político: el Gobierno exige reformas y llama a intervenciones, mientras que las EPS denuncian desfinanciamiento del Estado y advierten sobre acciones judiciales.
La tensión crece en un contexto donde la salud pública se ve amenazada, y las soluciones estructurales se vuelven urgentes.
