En las últimas horas el Tribunal de Cundinamarca ordenó al Gobierno Nacional en un plazo de 4 meses, (hasta el 20 de julio), cumplir con el artículo 135 del Plan de Desarrollo en el que se estipula que las empresas, tanto públicas como privadas, deben responder por la seguridad social de sus empleados por prestación por servicios y luego descontarla del pago siguiente.
Esto quiere decir que ahora los contratistas por prestación de servicios no tendrán que prestar dinero para pagar su seguridad social antes de empezar a trabajar, si no que podrán ingresar a sus nuevos empleos respaldados por la empresa o entidad que los contrate.
Lea también: A niños quindianos les piden llevar almuerzo al colegio por falta de contrato de alimentación escolar
La medida se tomó luego de que Angélica Lozano, elegida senadora de la República de la Alianza Verde y una de las más activas congresistas de la Coalición Colombia, que apoya a Sergio Fajardo a la presidencia, liderara una acción popular para obligar al gobierno de Juan Manuel santos a cumplir la normatividad aprobada desde 2015 y que hasta ahora no había sido puesta en marcha.
“Así como a un empleado le llega el sueldo y le descuentan la seguridad social, así se le debe hacer al contratista, que cuando le paguen los honorarios le descuenten la seguridad social, no que le toque a él sacar prestado y pagar. Aparte de que son mal remunerados estaban siendo violados sus derechos”, comentó la actual Representante a la Cámara.
Según Lozano, estuvo 3 años detrás de los ministros de Hacienda, Salud y Trabajo, así como del Presidente Santos, buscando que se hiciera lo que habían estipulado en el 2015, y aunque no querían, hoy la justicia los obligó.
Compartir en: