Así lo definieron el gobierno municipal de Córdoba y la Registraduría Nacional del Estado Civil, luego del incidente de desacato impuesto por el Fallo del Tribunal Administrativo del Quindío, que ordena al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, concertar de manera inmediata todo lo presupuestal para la realización de la Consulta popular minera.
El 21 de enero de 2018 fue la nueva fecha fijada, luego de que ante los obstáculos puestos por el Gobierno Nacional, se tuviera que suspender el mecanismo que estaba preparado para realizarse el pasado 3 de diciembre.
Aunque el Ministerio aun no se ha pronunciado respecto al desacato, la Registraduría ha hecho lo que le correspondía para cumplir con el fallo de tutela. Se espera que la justicia opere pronto en este proceso contra el ministro Cárdenas.
