Por dificultades sanitarias el ministerio Público solicitó el cierre temporal de cárcel Peñas Blancas que también registra hacinamiento.
La Defensoría del Pueblo Regional Quindío y la Procuraduría Regional Quindío solicitaron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- el cierre parcial de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, debido a una crisis sanitaria que afecta a la población reclusa.
En un documento dirigido al Inpec, con copia a la Gobernación del Quindío y la Alcaldía de Calarcá, ambas entidades alertan sobre la grave situación de hacinamiento en el centro penitenciario, que cuenta con una capacidad para 950 internos y actualmente alberga a 1.194 personas privadas de la libertad. Esta sobrepoblación ha generado condiciones insostenibles en términos de salud y bienestar.
Entre los problemas identificados se destacan brotes de varicela, escasez de médicos y medicamentos, y la falta de condiciones dignas para la atención sanitaria.
Además, reportaron que el Patio 5A, donde se encuentran adultos mayores, personas Lgbtiq+ y reclusos con enfermedades de alto costo, carece de agua potable, obligando a los internos a extraer agua de un pozo antiguo.
Esta situación ha sido objeto de acciones legales, incluyendo una tutela con órdenes especiales para garantizar el derecho a la salud de los internos.
La Defensoría y la Procuraduría instan al Inpec no recibir más personas privadas de la libertad en Peñas Blancas hasta que se resuelvan estos problemas de salud y se cumplan los requisitos mínimos de atención sanitaria establecidos por el Fondo Nacional de Atención en Salud de los presos.
