Aunque la exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio no pudo ser detenida, pues su fuero como exmandataria seccional obliga a que sea la Corte Suprema de Justicia quien adelante su proceso, la realidad es que tras la captura de sus exfuncionarios empieza a dilucidarse la magnitud de lo que sería el gran entramado de corrupción durante su mandato.
Este sábado 15 de diciembre fueron afectados con medida de aseguramiento John Fáber Quintero Olaya, exsecretario de representación judicial y defensa de la gobernación; Jhon Edward Parra Peña, exdirector de análisis financiero y administrativo de la misma administración departamental; además de José Carlos Vergara Mendoza, contratista de las obras y representante legal de la empresa Inalcon y su esposa Sandra Jannette Forero Simijaca, gerente y representante legal suplente de Inalcon.
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Además de ellos, la tarde del viernes se presentó ante las autoridades Isabel Cristina Ortiz Cortés, exsecretaria de Aguas e Infraestructura, a quien el Juez con Función de Control de Garantías dejó en libertad hasta que se resuelva la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en su contra.
Según se ha podido conocer, además de los ahora arrestados, habrían otras 20 personas investigadas que podrían ser capturadas en los próximos días.
El caso de corrupción protagonizado por los investigados
Las investigaciones que ha realizado la Fiscalía General de la Nación, para este proceso en concreto, se refieren a 6 contratos, dos de ellos en el Plan Departamental de Aguas -PDA-, y 4 más en la secretaría de Aguas e Infraestructura, que sumados alcanzan 30 mil millones de pesos.
El primer contrato del PDA fue de 6 mil millones por una consultoría para la construcción de 12 Planes Integrales de Acueducto y Alcantarillado para 10 municipios y 2 centros poblados del Quindío.
De este dinero, el gobierno de la exgobernadora Hurtado le pagó al contratista José Carlos Vergara 4 mil millones. Los 2 mil millones restantes no se los pudo cancelar porque los documento fueron aportados 11 días después de los cierres financieros del Sistema Nacional de Participación, ya que la plata corresponde a destinación específica por Saneamiento Básico.
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Los contratistas hoy capturados demandaron al gobernador actual porque no les pagaba
El contratista Vergara y su esposa Sandra Forero se presentaron en 2016, cuando ya había asumido el cargo de gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá, para cobrar los 2 mil millones que les faltaban en el contrato, pero el equipo jurídico de la nueva administración departamental se negó a pagar pues el contrato no había cumplido los objetivos pactados.
El estudio proponía entre otras cosas, despropósitos como que el acueducto de Filandia se sirviera de aguas del río La Vieja. Se encontraron numerosos párrafos que correspondían a municipios del Quindío con citas textuales de regiones como Huila, Chocó y Arauca. Esto evidenciaba que no hubo estudio, sino un ‘copia y pegue’ en el informe final. De aplicarse estos Planes, los municipios hubieran quedado peor, de lo que estaban antes de realizarse.
Vergara se atrevió a demandar al departamento y curiosamente el Tribunal del Quindío falló a favor del contratista. Abogados de la gobernación actual apelaron la decisión ante el Consejo de Estado, y el pleito se encuentra en trámite.
El otro contrato con el PDA, también otorgado a Vergara, fue un estudio y acciones para mitigar el fenómeno de La Niña, que para entonces había golpeado fuertemente la región. Y aunque se pagó completo, corrió la misma suerte de irregularidades similares al anterior.
El contratista además incumplió otros 4 contratos con la secretaría de Aguas e Infraestructura financiados con dineros provenientes de la nación a través de Invías (2), Fonade (1) y uno último con recursos propios.
Ante el incumplimiento Vergara se vio obligado a ceder los contratos, no sin antes recibir los pagos de los dineros de aquello que había adelantado.
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