Así se robaron los privados la Nueva EPS. Seguían recibiendo dinero del Estado colombiano mientras acumulaban millonarias deudas.
La Fiscalía General de la Nación reveló esta semana los hallazgos de una compleja investigación que confirma un fraude sistemático en la Nueva EPS, una de las entidades de salud más grandes del país.
De acuerdo con lo publicado por la Revista Cambio, durante al menos cinco años (2019-2023), sus directivos habrían maquillado las cifras financieras para simular utilidades inexistentes, ocultar deudas por billones de pesos y mantener activa una operación que movía recursos públicos en beneficio de contratistas, prestadores aliados y directivos.
Un sistema de ocultamiento diseñado desde la presidencia de la EPS
De acuerdo con el expediente judicial al que accedió Cambio, la cabeza de esta estrategia fue José Fernando Cardona Uribe, quien presidió la EPS desde 2012 hasta inicios de 2024. La Fiscalía asegura que Cardona, junto con tres altos ejecutivos: Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente contable; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médica, lideró una política deliberada de ocultamiento de información financiera.
El mecanismo consistía en limitar artificialmente la facturación que se registraba cada mes, dejando fuera miles de millones en cuentas por pagar a clínicas y hospitales. Esto permitía que los estados financieros mostraran utilidades cuando en realidad la EPS acumulaba una deuda oculta que superó los 5 billones de pesos a 2023.
Una funcionaria clave, Daniela Rueda, testificó que los topes eran impuestos mensualmente por Peralta y quien intentaba superarlos era reprendido. “Se procesa 1.7 o 1.8”, le decían, en referencia a los montos máximos que podían ingresarse al sistema contable.
Utilidades ficticias y dinero público comprometido
La Fiscalía documentó que entre 2019 y 2022 se declararon utilidades ficticias por 91.490 millones de pesos, de los cuales al menos 70.563 millones se usaron para cubrir pasivos y esconder pérdidas anteriores. Ese dinero, proveniente de los recursos que gira el Estado a través del Adres para atender a los afiliados, es considerado por la Fiscalía como el monto del peculado.
Aunque los acusados alegan que “el dinero nunca salió de la EPS”, el ente acusador insiste en que se configuraron delitos como fraude procesal, falsedad en documento privado y administración desleal, pues los estados financieros falsos entraron al tráfico jurídico, manteniendo habilitada a la EPS y evitando su intervención o liquidación.
¿Para qué mantener viva una EPS en quiebra?
El motivo del fraude, según las autoridades, fue preservar un negocio multimillonario. Mientras la EPS seguía operando, recibía billones del sistema de salud, renovaba contratos con prestadores seleccionados y conservaba el valor para sus accionistas, entre ellos las principales cajas de compensación del país.
Además, exfuncionarios como Julio Rincón (interventor nombrado por el Gobierno Petro) y el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, han denunciado que dentro de la EPS existía un sistema de favores y presuntos pagos ilegales a cambio de contratos. Se han mencionado casos en los que a clínicas se les exigía devolver hasta el 30 % del valor contratado para recibir pagos.
Leal fue enfático en señalar que el verdadero desangre no está en los sueldos de los directivos, sino en la concentración de contratos en grupos privados específicos como Bienestar, Uros, Viva 1A, Dime, Audifarma y Difarma, que habrían recibido buena parte de los recursos públicos administrados por la Nueva EPS.
Junta directiva y supervisión en entredicho
Aunque no hay pruebas directas que vinculen a la junta directiva con la operación de ocultamiento, sus miembros enfrentan cuestionamientos sobre cómo pudieron pasar por alto un fraude financiero de semejante magnitud durante cinco años. Entre los directivos figuran nombres como Enrique Vargas Lleras, Noemí Sanín, Fernando Jiménez y otros representantes de Cafam, Colsubsidio, Compensar, Comfenalco Valle y Comfandi, accionistas mayoritarios.
Además, informes de la Contraloría evidencian que durante los años investigados se usaron recursos de la UPC para gastos suntuarios: clases de yoga, viáticos, bonos, vales de gasolina y honorarios de junta, por más de 40.000 millones de pesos, financiados incluso con créditos bancarios.
La Fiscalía anunció que la investigación avanzará hacia una segunda fase, donde se analizará la posible responsabilidad penal de miembros de la junta directiva y de Gleidson Macgyver González, revisor fiscal de la EPS durante los años en los que se habría cometido el fraude. Según los investigadores, González podría ser la pieza clave que conecte las decisiones del presidente con la falta de alertas por parte de la junta.
Por ahora, el juicio se centrará en los cuatro altos ejecutivos procesados, pero la lupa ya está sobre los accionistas, revisores y supervisores que, por omisión o complicidad, permitieron que una de las empresas más grandes del país escondiera su verdadera situación financiera durante años.
¿Y los pacientes?
Mientras se desarrollan las audiencias, casi 12 millones de colombianos afiliados a la Nueva EPS siguen siendo los más vulnerables. Para ellos, la crisis no es un debate judicial, sino una amenaza directa a su acceso a la salud.
La intervención del Gobierno no ha resuelto del todo la situación, y las responsabilidades aún se reparten entre antiguos administradores y autoridades actuales.
La pregunta de fondo sigue vigente: ¿Quién permitió que esta empresa creciera sobre una contabilidad ficticia y manejara billones del erario sin controles eficaces?
