La decisión de anular el acuerdo fue tomada por un juzgado de la ciudad, bajo el argumento de que el municipio no había consultado ni socializado el proyecto con la comunidad ni con los gremios económicos. No obstante, desde la administración municipal se insiste en que ese proceso sí se llevó a cabo de manera amplia y participativa.
Según explicó el abogado Jaime Andrés López Gutiérrez, apoderado del municipio, la socialización del proyecto comenzó en 2022 y se extendió hasta finales de 2023, con reuniones, encuentros y un cabildo abierto realizado en febrero de 2024.
En estas actividades participaron representantes de la comunidad, organizaciones sociales, gremios, la Procuraduría y el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial.
Además de apelar la decisión, la Alcaldía solicitó que se anule todo el proceso judicial debido a fallas como la falta de notificación al Concejo Municipal y la no inclusión de pruebas clave que demuestran la participación ciudadana.
“El municipio ha entregado certificaciones y documentos que demuestran que sí se cumplió con la participación de la ciudadanía antes de aprobar los cambios al POT. Confiamos en que el Tribunal Administrativo del Quindío tendrá en cuenta estas evidencias y revierta la decisión”, expresó el abogado López Gutiérrez.
Con esta apelación, la administración busca que se respete la legalidad del acuerdo aprobado, argumentando que las modificaciones al POT fueron necesarias, legítimas y construidas con la comunidad.
